Nueva York. Autoridades federales mexicanas expresaron dudas sobre la investigación y detenciones llevadas a cabo por funcionarios de Veracruz en el caso de cuatro periodistas asesinados en ese estado, afirmó hoy el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
“Autoridades federales que hablaron bajo condición de anonimato indicaron a CPJ que su revisión de las supuestas confesiones encontró que éstas carecían de los datos necesarios para procesar a los acusados”, indicó el organismo en un comunicado difundido hoy.
El CPJ expresó que los funcionarios manifestaron sus dudas respecto de una de las declaraciones, en la que el sospechoso simplemente aseguró que asesinó a mucha gente en Veracruz mientras trabajaba para el cártel Nueva Generación.
En otra declaración cuestionada, un sospechoso confesó que algunos de los periodistas fueron asesinados porque estaban involucrados en el asesinato de otros comunicadores.
“Los sospechosos no ofrecieron más detalles, como la identidad de las víctimas o las fechas de los asesinatos, y los funcionarios federales señalaron al CPJ que el registro de la interrogación mostró que los investigadores no pidieron más información”, manifestó el organismo.
Debido a tales “preguntas y preocupaciones”, el CPJ urgió a las autoridades federales a asumir el control de la investigación y enjuiciamiento de todos los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en Veracruz.
“Estamos preocupados por la falta de detalles creíbles ofrecidos por las autoridades de Veracruz para justificar su afirmación de que estos asesinatos han sido resueltos”, explicó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de Las Américas del CPJ.
El investigador subrayó además que también resulta “preocupante que los funcionarios estatales estén manchando las reputaciones de las víctimas, sin ofrecer ni una sola prueba para respaldar sus afirmaciones”.
El procurador general de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa, anunció el miércoles que las autoridades habían resuelto los asesinatos de dos fotoperiodistas, un ex fotoperiodista, y una mujer que era empleada de un periódico de la capital del estado, según informes de prensa.
El 3 de mayo, los cuerpos de los cuatro víctimas fueron hallados descuartizados en bolsas de plástico negras, que fueron arrojadas a un drenaje de la ciudad Boca del Río, una serie de crímenes que Flores imputó al cártel Jalisco Nueva Generación, aliado con el cártel de Sinaloa.
Las autoridades mexicanas indicaron que por esos crímenes hay ocho sujetos detenidos, que confesaron que habían asesinado a los reporteros gráficos, supuestamente porque las víctimas, en colaboración con grupos del crimen organizado, fueron involucradas en los asesinatos de otros periodistas.
Flores no ofreció más detalles, no identificó a las supuestas víctimas y no respondió a preguntas, indicaron a CPJ periodistas locales. La procuraduría estatal no respondió a las llamadas del CPJ buscando una explicación sobre su afirmación.
“Ahora que la enmienda constitucional para llevar al fuero federal los crímenes contra la libertad de expresión ha sido aprobada, el Congreso debe sancionar la legislación secundaria para que entre en vigencia y las autoridades federales intervengan en todos los casos de periodistas asesinados”, pidió Lauría.