He leído en no pocas columnas y artículos recientes que el problema por la banda 2.5 GHz entre el Grupo MVS Comunicaciones, que encabeza Joaquín Vargas, y el gobierno federal, representado por el secretario Dionisio Pérez-Jácome, es uno estrictamente de precio.
La versión se ha repetido hasta la saciedad en las últimas horas. Se ha dicho que MVS no quiere pagar el precio que en el mercado valen esas frecuencias, por lo que el gobierno -en estricto apego a las leyes- ha decidido “recuperarlas” para venderlas a un precio mucho más conveniente a los intereses del fisco. Esa es la versión del gobierno federal.
Lo ha repetido el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, y ayer la Secretaría de Hacienda, a través de un boletín de prensa, dio cifras para fortalecer esta versión. Según Hacienda, MVS ofreció una ínfima parte (0.38%) del monto de la contraprestación en que la propia Secretaría la valúa.
Ese mismo argumento sobre el precio y la pérdida fiscal para el erario público la ha repetido Televisa a través de los artículos y comentarios de Javier Tejado, su vocero. “Preocupación”, por cierto, bastante sorprendente porque Televisa se ha beneficiado en el pasado de las bajas (o nulas) contraprestaciones por el uso de los bienes públicos sin que haya reparado en las pérdidas que ello implica para el Tesoro Público.
El argumento único del precio es un pobre argumento. No falso, pero sí uno que reduce los intereses públicos y el interés de los consumidores a un beneficio temporal y ficticio. Por eso no puedo estar de acuerdo con la visión reduccionista acerca del precio.
Lo explico:
1. De acuerdo a las condiciones actuales de concentración del mercado de las telecomunicaciones y de la televisión, la autoridad requería tomar decisiones integrales. Es evidente que la decisión sobre la banda 2.5 GHz -con la importancia para la banda ancha móvil que el Pleno de Cofetel le asignó en 2011- está íntimamente ligada a las decisiones sobre los mercados de la televisión abierta, de las redes de cable y de las redes de telefonía; mercados que están en manos de empresas dominantes. Al no hacerlo, el gobierno federal evidencia la falta de interés por ejecutar una política pública de largo plazo que fomente deliberadamente la competencia y la inversión en condiciones equitativas.
2. Con el argumento del precio se quiere reforzar la idea que la decisión es estrictamente técnica. Falso. Tan no lo es que en el proceso de discusión de precio sobre la banda 2.5 GHz, ni Hacienda, ni la SCT hicieron caso alguno a las sugerencias que hizo Cofetel, el organismo técnico en la materia. Las revelaciones del empresario Joaquín Vargas sobre el manejo político de un proceso técnico, corroboran esta ya vieja impresión entre la opinión pública.
3. El “rescate” de la banda 2.5 GHz confirmará su carácter político -y no técnico y con una visión integral de política pública- si se realiza una licitación en la que participen los mismos jugadores que hoy dominan las redes de telecomunicaciones. La banda 2.5 GHz es una supercarretera oportuna para ser asignada a jugadores independientes que nivelen la cancha de juego en beneficio de los consumidores.
Por eso el argumento del precio es pobre, aunque no falso. Además del valor de mercado de esta contraprestación hay otras consideraciones -creo, más relevantes para el futuro de estos mercados- que el gobierno no tomó en cuenta, acaso deliberadamente, en una decisión claramente política.
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