“¿Y cuando salga de la cárcel qué?… ¿Le van a hacer lo mismo que al general Acosta Chaparro…?”.

 

Leticia Zepeda tiene esta pregunta y muchas otras, pero pocas respuestas. Sólo una cosa tiene claro: que tras la detención de su esposo, el general Tomás Ángeles Dauahare -acusado de cooperar con el narcotráfico-, su vida, la de sus tres hijas y la de sus nietos no volverá a ser la misma.

 

“Se nos acabó la vida, la tranquilidad…”, reconoce la esposa del hasta hace cuatro años subsecretario de la Defensa Nacional, al platicar con 24 HORAS sobre lo vivido desde hace tres meses y lo que está por venir. La acompañan dos de sus hijas, Adriana y Ana Luisa Ángeles.

 

Ninguna de ellas duda de la inocencia de su padre. Afirman que se ha cometido una “injusticia” y que las acusaciones de los testigos son falsas. Pero eso, lejos de tranquilizarlas, las angustia porque están convencidas de que se trata de una acción premeditada y de que esto no terminará aun y cuando el general salga de la prisión.

 

Y tan preocupante para la familia Ángeles es el futuro como el presente, pues además del torbellino anímico en el que se han visto envueltas, su situación económica se deteriora progresivamente, luego del  aseguramiento de las cuentas bancarias y de que dos de las hijas del general fueron despedidas.

 

A todo eso, se añaden las amenazas que, según la familia del general detenido, han recibido las personas que han querido ayudarlos y la incertidumbre por la propia seguridad de un padre o esposo que se encuentra preso.

 

 

Rutina destruida

 

Luego de su retiro en el 2008, el general Ángeles y su esposa, quienes llevan 46 años de casados, se establecieron de forma definitiva en Cuernavaca, ciudad donde ya vivían sus hijas Ana Luisa y Adriana.

 

“Mi esposo iba al gimnasio todas las mañanas, a correr, luego  leía los periódicos, y la verdad es que era el mandadero de la casa, iba por la despensa y recogía a los nietos, comíamos ya como a las cuatro y ya mas tarde se ponía a leer (…), al DF iba cada dos semanas, para visitar amigos o hacer algún trámite”, recuerda Leticia.

 

Rutina que se vio destruida el 15 de mayo, cuando el general fue detenido por la policía militar en la Ciudad de México y trasladado a la SIEDO, bajo el argumento de que tenía que rendir una declaración ministerial.

 

“Horas después, por los medios, supimos que se trataba de un asunto de delincuencia organizada; incluso cuando yo pude ver finalmente a mi esposo, él no sabía porqué estaba detenido y yo le tuve que decir lo que se estaba publicando afuera”, narra su esposa.

 

Luego vino lo ya conocido: la imposibilidad para que pudiera entrar el abogado, la incomunicación, los casi 80 días en el centro de arraigo, los cateos, las cuentas congeladas y la consignación al penal del Altiplano.

 

Durante las semanas en que Ángeles estuvo arraigado, las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon cuatro propiedades de la familia: dos casas en Cuernavaca del matrimonio Ángeles y de su hija Adriana, una en el Estado de México, de los padres de Leticia, y el antiguo departamento del general en Tlalpan.

 

“Nunca encontraron nada, pero aun así se llevaron cosas. Aún recuerdo el cateo de Cuernavaca, el desprecio con el que revisaban todo y las armas largas que siempre portaban. Se llevaron, eso sí, computadoras, papeles y hasta una caja fuerte, cosas que hasta el momento no han regresado”, señala Ana Luisa.

 

Luego vinieron los despidos. Adriana cuenta que sus jefes del Tribunal Agrario no le quisieron renovar su contrato por honorarios, mientras que Ana Luisa perdió su trabajo de maestra, luego de que sus jefes le dijeron que primero “resolviera su problema personal y familiar”.

 

A eso hay que sumarle el congelamiento de las cuentas bancarias de la familia Ángeles: la de la pensión del general en Banjército, una cuenta de ahorros y una cuenta de inversiones.

 

¿Cómo solventar los gastos que ahora incluyen, además, trámites legales, abogados y traslados? La esposa del general responde que por el momento se sostienen de los apoyos económicos o en especie que han recibido de amigos y de gente que ni conocían, pero que se han solidarizado con ellos, aunque sabe que esto no será permanente.

 

“Mi mamá dice que estamos viviendo de la caridad, pero yo prefiero pensar que es del agradecimiento que mucha gente le tiene a mi papá, de personas a las que apoyó. Nos han dado ropa, nos compran cosas…”,  cuenta Adriana.

 

Acoso y amenazas

 

Las mujeres de la familia Ángeles denuncian que con el deterioro de su calidad de vida y economía vino también el de su seguridad y tranquilidad.

 

Leticia Zepeda acusa que durante el tiempo del arraigo hombres que parecían ser “judiciales”, pero que nunca se identificaron, las seguían a diario y no se molestaban en ocultar armas que llevaban al quitarse un saco o chamarra. Además, piensa que sus teléfonos están intervenidos, pues las llamadas se cortan o se escuchan con interferencia  de forma recurrente.

 

“Incluso hubo amenazas, a amigos que estaban cerca de nosotros les hablaron, por supuesto de forma anónima, para decirles que se alejaran de nosotras (…) personas cercanas nos dijeron, incluso, que fueron a fotografiar sus casas; también nos han hackeado las cuentas de correos, a nosotros y a familiares”, revela Adriana Ángeles.

 

Añade que militares cercanos a su esposo, que quisieron manifestar su inconformidad, recibieron instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de no pronunciarse al respecto.

 

Adriana y Ana Luisa expresan, además, su temor por la vida de su padre, pues están convencidas que “alguien con mucho poder” ha orquestado las acusaciones, y temen que el ataque incluso rebase el terreno de los juzgados.

 

Para la esposa del general, todo es incertidumbre. “Lo que nos han dicho amigos cercanos es que cuando mi esposo salga de la cárcel tenemos que irnos del país, pero cómo lo vamos a hacer, con qué dinero, para nosotros no hay un volver a empezar…”.