El titular de la Profeco, Bernardo Altamirano, aseguró que hasta el momento no hay indicios de acaparamiento de huevo, aunque aclaró que de ser así, corresponde al ámbito federal perseguir el delito.

 

“En los eventuales casos donde nosotros encontremos hipótesis de que hubiera acaparamiento, nosotros lo tenemos que denunciar al Ministerio Público Federal; esto último, nosotros todavía no hemos encontrado algún elemento que nos incida en ir a esa línea de trabajo”, expresó.

 

Previó que en unas dos semanas concluya la investigación de los mil 300 expedientes integrados contra comerciantes por incurrir en prácticas abusivas y se inicie la aplicación de sanciones, sobre todo a tiendas de autoservicio y de abarrotes, minoristas y establecimientos en centrales de abasto en todo el país.

 

Entrevistado al término de la presentación del programa “Acciones del gobierno federal en beneficio de las familias mexicanas”, el titular de la Procuraduría federal del Consumidor (Profeco) recordó que este organismo tiene la facultad de aplicar multas hasta por 3.5 millones de pesos.

 

Dio a conocer que la próxima semana recibirá la información de 14 requerimientos que envió a los productores primarios “que la estamos cruzando con los mil 300 expedientes que tenemos abiertos de punto de venta; esta parte ya esta ´muy madura´ y con esta información que recibamos la próxima semana vamos a concluir los expedientes hacia aproximadamente unos 15 días”.

 

En cuanto a la posibilidad de que haya cárcel para los responsables, Bernardo Altamirano aclaró que “no podemos anticipar, tenemos que estudiar caso por caso”.

 

Resaltó que el mayor aumento en el precio del blanquillo se observa en las centrales de abasto y esto repercute en los minoristas y abarroteros, pero no así en los centros comerciales debido a que adquiere grandes volúmenes del alimento.

 

En ese sentido, mencionó que de julio a la fecha, los precios del huevo en el comercio al menudeo han aumentado 95 por ciento en promedio, mientras que en las tiendas de autoservicio el incremento ha sido de sólo 8.8 por ciento.

 

Reiteró que la facultad de la Profeco se circunscribe a la Ley Federal de Protección al Consumidor (Profeco), por lo que de determinarse que hay acaparamiento por parte de algún comerciante, el delito corresponde al Código Federal.

 

“Si nosotros encontramos ese tipo de prácticas indebidas y que repercutan en el Código Federal como posibles actos de acaparamiento, eso implicaría que la Profeco recogiera esa información y la denunciara ante el Ministerio Público Federal, porque ya no es del ámbito de competencia de la Profeco”, sostuvo.

 

Al respecto, detalló que la ley establece de tres a 10 años de prisión a quienes acaparen los productos alimenticios.