Con el ajuste a la votación total por las 524 casillas que fueron anuladas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició la última etapa de la calificación de la elección presidencial; se espera que el dictamen en que se resuelve el juicio de inconformidad presentado por Movimiento Progresista se dé a conocer en sesión pública el 31 de agosto y ahí se hará la declaración de validez o nulidad de los comicios del 1 de julio.

 

Marco Antonio Zavala, secretario de acuerdos del Tribunal, señaló que el fallo para la elección presidencial se está construyendo paso a paso, fase a fase y la Sala Superior emitirá un fallo a partir de las propuestas respectivas de la comisión de magistrados encargados de presentar el proyecto de calificación de la elección.

 

Esta comisión, integrada por los magistrados Constancio Carrasco, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, también tiene la tarea de formular el proyecto correspondiente al juicio de inconformidad que el Movimiento Progresista interpuso cuestionando la validez de la elección en su conjunto.

 

El proceso electoral que estamos viviendo es inédito porque para el análisis de calificación se cuenta con un marco legal que por primera ocasión se va a poner en marcha, señaló Zavala, quien subrayó que la conducción del juicio de calificación ha sido complejo.

 

Un elemento novedoso de este juicio es que se analizará la legalidad de la elección para declararla válida; en las elecciones de 2000 y 2006 hubo sucesos inéditos, pero jamás se cuestionó la disposición constitucional que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas.

 

En la elección presidencial del año 2000 se presentaron dos juicios de inconformidad contra algunos cómputos distritales y como resultado a esa queja se anuló la votación recibida en dos casillas, a partir de ahí, en los primeros días de agosto se emitió un solo dictamen relativo al cómputo final, a la calificación de la elección de presidente y se realizó la declaración de presidente electo.

 

Para la elección de 2006, la variante que hubo fue una serie de inconformidades respecto a las condiciones cualitativas del proceso electoral y de sus resultados, en aquel entonces, el TEPJF determinó que todas esas pugnas y pruebas no tenían que ver con los cómputos distritales, ante esa decisión se reservaron y se remitieron al expediente de calificación de la elección de presidente.

 

A raíz de esas elecciones presidenciales, la reforma constitucional de noviembre de 2007 y del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 2008 contemplaron la posibilidad de un juicio exclusivo para cuestionar la validez de la elección, tal y como está ocurriendo ahora. Este procedimiento lleva el nombre de juicio de inconformidad.

 

Anulan 0.37% de las casillas

 

En su sesión del viernes pasado, el Tribunal Electoral anuló los resultados de 524 casillas -de más de 143 mil instaladas-, principalmente por inconsistencias en la votación emitida; así, la votación en 225 distritos electorales, de 300, se modificó.

 

El TEPJF recibió 378 juicios de inconformidad en contra de la elección presidencial, en sesiones anteriores se desecharon 27 y sobreseyó uno; el viernes se desahogaron los 349 restantes y sólo quedó pendiente la impugnación a la validez de los comicios presentado por el Movimiento Progresista.

 

A solicitud del Movimiento Progresista se ordenó el recuento de votos en mil 125 casillas electorales, correspondientes a 134 distritos. En los 349 proyectos de sentencia discutidos en la sesión, los partidos de izquierda pidieron recuento en 70 mil 341 casillas y la anulación de 33 mil 665, pero sólo se anularon las 524 señaladas.

 

La magistrada María del Carmen Alanís señaló que el Tribunal revisó 72.5% de las casillas instaladas.