La Comisión encargada de calificar la elección presidencial entregó a todos los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proyecto de sentencia a la demanda de anulación de los comicios presidenciales presentada por el Movimiento Progresista.

 

Con esta entrega, el órgano jurisdiccional inicia la fase de consideraciones jurídicas que responden a la petición de los partidos de izquierda.

 

Los jueces integrantes de la comisión que formuló el proyecto de calificación, Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, distribuyeron la versión final del proyecto de sentencia del juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-359/2012; ahí se explica el objetivo, análisis y estudio de las consideraciones jurídicas de la comisión.

 

El 25 de junio pasado, los magistrados de la sala superior aprobaron por unanimidad la integración de la citada Comisión, a fin de atender oportunamente las exigencias de transparencia en el proceso electoral.

 

El presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos, dijo que la calificación de la elección se realizará dentro del plazo que marca la ley, que vence el 6 de septiembre.

 

En ese sentido, el pleno del Tribunal desechó la solicitud del Movimiento Progresista para aplazar 15 días la calificación de la elección y abrir un procedimiento de fiscalización extraordinario a los gastos de la campaña del PRI.

 

El magistrado Constancio Carrasco dijo que el Artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que el juicio de inconformidad relativo a la elección de presidente deberá ser resuelto a más tardar el 31 de agosto del año de la elección y que ese tiempo un plazo razonable para desahogar la queja.

 

El magistrado presidente dijo que la Constitución señala que las reglas que regulan el proceso electoral no pueden ser modificadas 90 días antes de que se inicie el procedimiento. Ambos señalaron que los plazos no solamente dan certeza jurídica para las partes, también fijan obligaciones para las autoridades.