El sábado pasado el senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, anunció que presentará una demanda en contra del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por la presunta alteración en los datos de una transferencia electrónica por 50 millones de pesos que se habrían destinado a la campaña presidencial del PRI, con lo que se estaría protegiendo a Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto.

 

Al día siguiente, domingo, el Banco de México emitió un comunicado de prensa “rechazando categóricamente” la presunción del coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

 

En el comunicado el banco central aceptó que hubo una corrección en el documento bancario aludido por Monreal. Dice textualmente: “En el caso ventilado recientemente ante los medios de comunicación el Banco de  México recibió instrucciones explícitas del banco receptor de los recursos para corregir información inconsistente, que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco receptor”.

 

El lunes Scotiabank -el banco aludido- emitió un comunicado aceptando que efectivamente se equivocó en el nombre del beneficiario e hizo una corrección en la señalada transferencia. En el comunicado de Scotiabank llama la atención que habiéndose registrado la operación el 19 de junio, la corrección que solicitó al Banco de México en el comprobante del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, SPEI- se hizo el 13 de agosto, 55 días después y en medio de la vorágine de demandas presentadas por el Movimiento Ciudadano ante el Trife por el uso ilegal de recursos durante la campaña electoral.

 

Monreal no sólo acusa a Carstens de alteración de documentos y lo que resulte, sino también de usar su posición que le da acceso a información privilegiada para proteger al PRI. Hasta allí los hechos.

 

El asunto operativo es simple: O creemos que efectivamente el ejecutivo de cuenta de Scotiabank cometió una equivocación bárbara al asignar erróneamente 50 millones de pesos a un joven de 25 años y no al gobierno del Estado de México y que este error fue corregido 55 días después; o, no hubo error sino que los recursos efectivamente habrían sido terciados a través de un beneficiario ficticio.

 

Hasta aquí el caso es entre el gobierno del Estado de México y Scotiabank, pero ¿qué tiene que ver el gobernador Carstens?

 

Monreal presume -por el solo hecho de que Banxico administra el SPEI- que el gobernador manipuló el sistema. Monreal apostó a que la acusación caería en tierra fértil ya que cinco días antes la prensa nacional había reportado ampliamente la presencia del gobernador en la reunión del grupo parlamentario del PRI en el Senado, en donde llamó “presidente electo” a Peña Nieto. En todo caso, para nadie son un secreto las afinidades del gobernador con funcionarios de gobiernos priistas.

 

El asunto tendrá que seguir su curso legal si el senador Monreal plantea formalmente la demanda, mientras tanto el caso enciende una luz amarilla sobre la calidad de la independencia del banco central. Habrá que preguntarse, por ejemplo, si el Banco de México debe administrar y operar este sistema de pagos (SPEI) o sólo vigilar su correcto funcionamiento como lo establece el Artículo 19 de la Ley de Sistemas de Pagos.

 

El prestigio y la confianza ganada por la institución es un tema que no puede estar ausente de la agenda pública, ni del propio banco.

 

samuel@arenapublica.com | @SamuelGarciaCOM | www.samuelgarcia.com