Esta tarde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la admisión de las 204 mil 73 firmas de ciudadanos, recabadas por el Movimiento Progresista, como apoyo al juicio de invalidez de la elección presidencial.
El 22 de agosto, la coalición de izquierda presentó 79 mil 738 firmas de ciudadanos que respaldan la pretensión de anular la elección presidencial, mencionaron. La víspera agregaron otras 204 mil 73 firmas en el mismo sentido, que da un total de 283 mil 811 ciudadanos que signaron en apoyo a la demanda que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
El magistrado Flavio Galván dijo que los firmantes no pueden asumirse como actores en el proceso porque la legislación vigente otorga esta facultad sólo a los candidatos.
“Si la pretensión es ser actores en defensa de intereses difusos, hemos escuchado en la cuenta anterior, en el incidente que acabamos de aprobar, que esta institución no está prevista en la materia electoral para los ciudadanos y menos aún para impugnar la elección de Presidente de la República”, dijo.
La Sala Superior argumentó que para que las firmas tengan valía y exista un tercer interesado, se requiere que el promovente haga valer un interés jurídico de naturaleza político- electoral que sea incompatible con la pretensión del actor. Sólo así, aclararon, los ciudadanos que firmaron pueden adherirse a la colación enjuiciante.
“No habiendo esta incompatibilidad de intereses, no pueden ser terceros interesados; como coadyuvantes tampoco pueden ser, la legislación vigente otorga esta calidad jurídica única y exclusivamente a los candidatos a cargos de elección popular. En este caso, el candidato es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, quien pudo en su momento haber comparecido como coadyuvante”.
Añadieron que no es necesario que la ciudadanía reclame la invalidez de la elección presidencial, la cual dio el triunfo a Enrique Peña Nieto, según lo dicho por el IFE, puesto que basta con que una persona acreditada en los términos que establece la ley lo demande para que entonces su solicitud pueda ser procesada.
“Los ciudadanos no se sientan comprometidos a venir en conjunto porque el proceso jurisdiccional tiene una gran ventaja a diferencia del proceso político, basta una persona acreditada para pedir la invalidez de una ley, la invalidez de una elección, pero acreditada en los términos de la ley”, explicaron.
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