BUENOS AIRES. El Gobierno argentino formalizó la expropiación de una empresa dedicada a la impresión de papel moneda y envuelta en un escándalo que alcanza al vicepresidente del país, Amado Boudou, según una ley promulgada en el Boletín Oficial.
La ley 26.721, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), fue sancionada por el Parlamento en un trámite exprés gracias a la mayoría del oficialismo en las dos cámaras.
El proyecto de ley fue remitido al Parlamento a inicios de este mes por el Gobierno de Cristina Fernández, que intervino por decreto la CVS, nueva denominación de la imprenta de dinero Ciccone.
El oficialismo argumentó que la expropiación era necesaria para que el Estado recupere la capacidad de imprimir billetes y acuñar monedas de curso legal.
La imprenta está en el centro de una causa judicial que involucra al vicepresidente, el cual es investigado por supuesto uso de influencias en beneficio de esa imprenta.
Diputados opositores han acusado a Boudou de haber intercedido, cuando era ministro de Economía (2009-2011), ante el Fisco para pedir el levantamiento de la quiebra de Ciccone y facilitar su compra por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele.
Boudou fue imputado en abril pasado por el fiscal Jorge Di Lello en el marco de una denuncia por enriquecimiento ilícito, que también involucra al empresario Vandenbroele.
Una vez culmine el proceso de expropiación, “la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda”, indica el cuarto artículo de la ley.
La Casa de la Moneda es el órgano estatal que tiene la potestad de imprimir billetes, pero a partir de la década de los años 90 comenzó a contratar a terceros para hacer esa tarea y progresivamente perdió capacidad de fabricar papel moneda por si misma. EFE