Ciudad del Vaticano. El abogado Carlo Fusco, defensor de Paolo Gabriele, quien fue acusado de robar y filtrar a la prensa documentos confidenciales del papa Benedicto XVI, anunció hoy su decisión de abandonar el cargo por “divergencias en la línea defensiva”.
Según comunicó a la prensa italiana, el letrado prefirió dar un paso atrás y no conducir la defensa de su también amigo personal durante el juicio por el delito de robo agravado que debería conducirse en los tribunales vaticanos después de octubre.
“Dejo el encargo por divergencias sobre la línea defensiva. Empero permanece la relación de amistad”, dijo.
Fusco defendía a Paolo Gabriele desde el 23 de mayo pasado, cuando el mayordomo fue arrestado tras una inspección de la Gendarmería Vaticana en su departamento donde fueron encontrados decenas de fotocopias de documentos confidenciales.
El abogado acompañó al mayordomo durante los tres interrogatorios con los magistrados, realizados en diversos momentos a lo largo de los 59 días que éste permaneció bajo arresto en una celda de seguridad ubicada en el cuartel general de la Gendarmería.
Además, presentó la solicitud de libertad vigilada para Gabriele, la cual fue concedida por el juez Piero Antonio Bonnet el sábado 21 de julio.
Ese día Fusco compareció por primera vez ante la prensa y ensayó una defensa débil y contradictoria del mayordomo, en la cual aseguró que robó los documentos porque se encontraba estresado, pero además porque buscaba ayudar al papa a limpiar la corrupción en la Iglesia.
En esa ocasión lo acompañó una segunda abogada de Paolo Gabriele, Cristiana Arru, la cual por ahora continúa con sus funciones aunque trascendió que “está valorando” si permanece tras la decisión de su colega.
Fuentes vaticanas confiaron que, pese a ser un profesional acreditado, Carlo Fusco no es un abogado penalista y tiene poca experiencia en casos de este tipo, por ello seguramente encontró dificultades al conducir la defensa en un juicio de interés mundial.
Por lo pronto, el mayordomo debe rendir cuentas por el delito de robo agravado que considera una posible sanción, de acuerdo con el código penal vigente en El Vaticano, de dos a ocho años de prisión.