La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) María del Carmen Alanís Figueroa rechazó las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para invalidar la elección presidencial.
“Quién esté interesado en conocer la demanda de la impugnación, en donde se declara que no es valido anular las elecciones, pueden encontrar las respuestas en esta sentencia”, precisó.
En el tema de las encuestas, indicó que no está probado “el núcleo central del agravio”, y aceptó que éstas generaron polémica, pero que “afirmar sin probar s confundir la naturaleza y fines de las encuestas y del ejercicio periodístico”.
Añadió para sostener su dicho que 96% de las casas encuestadoras probaron su financiamiento.
Respecto a la acusación de la izquierda sobre el la adquisición encubierta de propaganda, la magistrada argumentó que ahora existe un nuevo modelo de comunicación política diseñado desde la lógica de la equidad, y aseguró que el acceso a medios de comunicación se encuentra regulado.
Luego de distinguir la calificación de la elección como un “estudio exhaustivo”, la magistrada aseguró que después de haber llevado a cabo un “análisis puntual de todas las pruebas aportadas”, concluyó que no se contaban con los elementos suficientes para anular los comicios.
A decir de Alanís Figueroa, “con este juicio se cierra la penúltima etapa del proceso, la de resultados, y se entrará en la última fase: declaración de validez, cómputo final y declaración de presidente electo”.
Sostuvo que como no se pudo probar el presunto financiamiento paralelo para la compra y coacción del voto a favor de Enrique Peña Nieto, candidato común de la alianza PRI-PVEM, no se vulneró el principio de equidad en la contienda.
“Así el TEPJF ofrece cuentas claras no sólo a los actores políticos sino a todos los ciudadanos, votaré como infundada la invalidación de las elecciones”, remató Alanís Figueroa.