Los legisladores mexicanos son un ejemplo… de opacidad. Y logran hacer magia con el presupuesto… “desaparecieron” (a su favor) dos mil 325 millones de pesos tan sólo en este año.

 

De acuerdo con información de los propios partidos en el Congreso, ese fue el presupuesto que las diversas bancadas en la Cámara de Diputados y Senadores recibieron en 2012. La misma que, gracias a argucias legales redactadas por ellos mismos, omitieron justificar y pudieron gastar con total discrecionalidad.

 

Según los informes cuatrimestrales de los grupos parlamentarios –procesados por la sociedad civil Integralia, de Luis Carlos Ugalde, en su Reporte Legislativo Número Tres-, las siete bancadas representadas en San Lázaro recibieron mil 910 millones de pesos, y, en el Senado, recibieron 415 millones.

 

Este dinero no es fiscalizado de ningún modo, así que no hay forma de que los contribuyentes se enteren en qué se gastó ese montón de millones. El reporte de Integralia, dado a conocer ayer, explica que por una norma dictada por el propio Congreso, “la Contraloría interna realizará informes sobre el estado general de la administración de las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios”… pero “sin alusiones específicas por grupo”. Además, la Auditoría Superior de la Federación tampoco puede auditarlos, pues – también por leyes decididas por el Congreso- tiene que dar por justificado el presupuesto de las bancadas al recibir un simple comprobante emitido por los líderes partidistas.

 

Esa cantidad, por ejemplo, es mayor que todo el dinero que se va a los 45 mil profesores comisionados en tareas sindicales.

 

El partido que más dinero obtuvo en San Lázaro fue el PRI, con 825 millones; le sigue el PAN, con 535 millones y luego el PRD, con 252 millones. En el Senado la opacidad es mayor: ni siquiera se hace un desglose. Estos recursos son sólo una parte del total que cuesta el Congreso. “En 2012, el Congreso mexicano tendrá un costo presupuestal de aproximadamente nueve mil 500 millones de pesos. Se trata de un incremento de 25% con respecto a 2010”, se lee en el reporte de Integralia.

 

De esa cantidad, cuatro mil 191 millones se fueron a servicios personales (sueldos, prestaciones, estímulos y primas, entre otras): dos mil 832 millones llegaron a diputados y mil 359 millones, a senadores. Paradójicamente, el mayor reto legislativo que enumeran los diputados y senadores salientes es el de una mayor transparencia.

 

El informe también muestra cuáles fueron los más faltistas en la LXI Legislatura. En San Lázaro fue el perredista David Jiménez Rumbo (sólo fue a 56% de las sesiones) y, en San Lázaro, la priista María Estela de la Fuente Dagdug (con 39% de asistencia). Destaca el caso de Jorge Kahwagi (Panal), que fue el diputado que más iniciativas presentó (136), pero que sólo votó 10% de las ocasiones.