México está integrado por 2 mil 440 municipios. Son tan variados sus tamaños y formas, como los problemas que experimentan. Pero aún así constituyen este país. A lo largo de varias décadas, académicos y gobernantes han pugnado por el federalismo, con la intención exclusiva de debilitar al centralismo político, administrativo y económico que regía.
En años más recientes surge también la vía municipalista, preocupada por dar soberanía al pueblo representado por su autoridad más cercana, el ayuntamiento.
En 1917 se reconoce en la Constitución la existencia del municipio con autonomía hacendaria y libertad política, aunque sin dotarle de instrumentos para hacerlas realidad. En 1999 se reforma el artículo 115 constitucional para fortalecerle, ampliando sus funciones y servicios, mejorando su gestión financiera, y vigorizando su capacidad institucional.
Esos movimientos y reformas han alertado los problemas de los municipios mexicanos, y resuelto algunos. Sin embargo, a 13 años de distancia del último gran avance, los problemas originales del órgano político-administrativo más cercano a la gente, son más vigentes que nunca.
Endeudados. De 2005 a 2010 la deuda pública de los municipios creció a una tasa promedio anual de 17.9%, mientras que sus ingresos sólo lo hicieron en apenas 6.4%. Esto significa que las municipalidades mexicanas se endeudan a una velocidad 3 veces mayor que la forma en que ven crecer sus presupuestos.
Sin margen de maniobra. En el gasto existen 5 grandes rubros: servicios personales y generales; materiales y suministros; pago de deuda pública; subsidios, transferencias y ayudas; y obras públicas y acciones sociales. Los primeros 3 corresponden al gasto administrativo o corriente. Representan en promedio 58% del presupuesto total. Los restantes 2 son recursos etiquetados, se aplican para aportar en la participación condicionada de programas federales o estatales, y se usan para financiar infraestructura.
Económicamente endebles y dependientes. Las participaciones y aportaciones federales significan 79% de los ingresos municipales, mientras que sólo 21% se explica por recaudaciones propias (impuestos, derechos, productos). Esta concentración no ha cambiado al menos en los últimos 7 años. Un municipio que experimenta reducción en sus participaciones y aportaciones, entra automáticamente en crisis financiera o en falta de liquidez para cubrir las obligaciones laborales o de funcionamiento normal.
Producen efectos perversos. Una gran cantidad de males involuntarios prevalecen en lo local debido a razonamientos incorrectos de política pública. Algunos son: 1. La contratación de personal obedece más a criterios políticos que laborales o presupuestarios. 2. No hay necesidad de luchar por más ingresos, a fin de cuentas siempre existirán salidas rápidas como deuda, rescate financiero o detener la prestación de servicios. 3. Impera la idea de otorgar al sindicato todas las prerrogativas que solicita, para evitar complicaciones políticas y sociales. 4. Se heredan problemas de un periodo de gobierno a otro como consecuencia de la ausencia de un sistema efectivo de responsabilidades y penalizaciones.
Los municipios deben colocarse nuevamente en el primer plano de la agenda pública nacional y de las líneas de investigación académicas. La reforma de 1999 les adelantó a su época, pero nuevamente el tiempo les cobra vida. Es necesario mejorar el arreglo institucional actual, no sólo entre municipios, estados y el nivel federal, sino el de sus propias dinámicas e inercias. Quizá más recursos económicos sean la solución en ciertas municipalidades pero un desperdicio en otras.
Copiar las soluciones del de enfrente sin analizar su propia realidad puede ser más perjudicial que benéfico. Las respuestas globales ya no funcionan –tal vez jamás lo hicieron-, lo pertinente es estudiar los casos, encontrar peculiaridades por regiones o por tipo de municipios.
*Director de Consultores en Administración y Políticas Públicas, S.C. (Capp) @abelpalomera
Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales”, Revisión 2012.