El abogado Marco Aurelio González, defensor de los federales arraigados por el ataque a personal estadunidense el pasado 24 de agosto, acusó que las armas de cargo de sus clientes fueron manipuladas indebidamente sin que se respetara la cadena de custodia, por lo que adelantó que presentará un recurso legal si se les intenta utilizar como pruebas.
En entrevista con este diario, el litigante sostuvo que luego del incidente, las armas les fueron retiradas a sus clientes por personal de la misma Policía Federal, y ya después fueron entregadas al Ministerio Público, sin que se garantizara que hubo una preservación adecuada de las mismas.
“La cadena de custodia de las armas ha sido verdaderamente manipulada; las armas de cargo de los oficiales fueron presentadas después ante el Ministerio Público y le habían metido mano varias personas, por lo que ya se habían perdido huellas, no hubo orden en la custodia como debe de ser”, aseguró el litigante.
Sobre si la manipulación pudo haber sido malintencionada o no, el abogado prefirió no especular, pero insistió en que las armas ya no pueden ser usadas como un medio de prueba plena.
Insistió en que si este elemento es tomado en cuenta por el Ministerio Público federal para proceder penalmente en contra de los policías, interpondrán los recursos jurídicos que sean necesarios para que dicha prueba sea desestimada.
Aurelio González sostuvo además que la PGR aun no le ha permitido el acceso a los resultados de las pruebas periciales practicadas para conocer que agentes dispararon y cuales no, ni a las de balística para averiguar el calibre de los impactos.
Pese a ello, el litigante dijo que con el paso de los días se está comprobado que los policías federales detenidos se encontraban trabajando en una investigación relacionada con un secuestro cometido en días anteriores, y que actuaron siempre bajo la autorización de sus mandos.
Líneas están abiertas: PGR
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que las líneas de investigación relacionadas con el ataque perpetrado e contra de los dos funcionarios estadunidenses y un capitán de la Marina el pasado 24 de agosto siguen abiertas, y no es posible adelantar alguna conclusión.
Lo anterior pese a que en los últimos días, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Secretaría de Marina, han dejado entrever la posibilidad de que se tratara de una confusión o un incidente no malintencionado, a partir de un operativo federal que se desarrollaba cerca de la zona de Tres Marías.
En la Procuraduría indicaron que el Ministerio Público Federal solo tiene la certeza de que hubo un abuso de autoridad en la actuación de los servidores públicos, pero los móviles no se han definido.
Se esperan, agregaron las autoridades, diligencias importantes como la declaración de los dos funcionarios estadunidenses que se llevará a cabo a través de los agregados consulares de la PGR en ese país, así como una diligencia pericial de reconstrucción de hechos, y la ampliación de las declaraciones de los agentes arraigados.