El consejero electoral Marco Antonio Baños descartó que la pretensión del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, de promover un juicio político contra las autoridades electorales, vaya a tener respaldo entre los 500 diputados federales en San Lázaro.
“No he escuchado ninguna noticia que diga que el Congreso o la Cámara de Diputados, en este caso, vaya a iniciar un procedimiento de desafuero contra los consejeros para someterlos a juicio político”, mencionó.
En entrevista, el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) expresó que Monreal Ávila está en su derecho de hacer esa valoración de los consejeros electorales por su actuación que tuvieron en el reciente proceso electoral.
“Yo no coincido con su punto de vista y dado que esto es un asunto del orden legal, pues si se llega a presentar la inquietud en la Cámara de Diputados, los consejeros presentaremos los argumentos conducentes para que se hagan las valoraciones”, expuso.
Ante ello, calificó de “venganza” contra los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la promoción de un juicio político en la Cámara de Diputados por el legislador.
“Suena como a un asunto de pretendida descalificación y venganza sobre una actuación de los consejeros que, a juicio de ese diputado, pues no han sido de su agrado, pero todas las instancias han ido en tomas de decisiones parecidas”, refirió.
Baños Martínez rechazó que los integrantes del IFE se hayan negado a revisar asuntos tan delicados como lo es la fiscalización de los partidos políticos y las quejas por presunto rebase de tope de gastos de campaña.
“Eso es absolutamente falso, los consejeros electorales hemos venido trabajando, acompañando a la Unidad de Fiscalización en la revisión de todos los asuntos que tiene encomendados”, dijo.
El consejero electoral recordó que el TEPJF emitió una calificación de la elección y resolvió también las impugnaciones dando la razón al IFE en las partes que son competencia del mismo, y dejando a salvo la conclusión de los procedimientos de fiscalización de resolución de las quejas correspondientes.