El movimiento Antorcha Campesina dio su versión de los hechos ocurridos el miércoles 5 de agosto en Chicoloapan, en donde uno de sus miembros resultó muerto y denuncia no sólo una «agresión criminal del PRD» sino una campaña persecutoria en su contra por parte del gobierno mexiquense.
A través de un desplegado de una página completa en algunos periódicos de circulación nacional, la organización, ligada al PRI, afirma que «la muerte y heridas propinadas a est0s transportistas fue al mismo tiempo la señal de arranque de una sucia operación para aterrorizar a los habitantes de ese y otros municipios del Oriente mexiquense», señala.
En este, denuncia también la participación de lo que llama, vándalos, «a los que se les suministran vehículos y banderas con el logo de Antorcha, policías estatales e integrantes del sistema educativo oficial» quienes aseguran, son los que alertan a la población a no salir de sus domicilios, que cierren sus negocios y que eviten llevar a sus hijos a las escuelas, con la amenaza de que «vienen los antorchistas a cometer actos vandálicos».
Estas acciones son, de acuerdo a la organización, causadas «no sólo por gente del PRD, sino por voces afines al gobierno, a través de redes sociales que buscan convertirse en un arbitrario patíbulo para los antorchistas, que han sido declarados sumariamente enemigos públicos por los personeros del sectarismo de ‘izquierda’ y de los cacicazgos que aún dominan amplias zonas del Oriente mexiquense».
Asimismo, piden al gobierno del Estado de México y a las máximas autoridades políticas del país a que intervengan y se deje de perseguir a su asociación, que recalcan, cuenta con un millón de miembros, «que conocen sus derechos, exigen que éstos les sean respetados y en caso de ser necesario están dispuestos a presentarse masivamente para hacerlos valer.
