Entre las víctimas destacadas de la guerra están los defensores de derechos humanos (DDH). Se habla de 63 DDH y activistas asesinados en seis años. En la versión oficial, los “malos” se matan entre ellos, pero ¿qué tienen que ver los DDH si su rol es impedir abusos de autoridades contra civiles? Observar un caso a detalle sirve para entender parcialmente estos homicidios.
Gustavo de la Rosa es defensor de derechos humanos en Ciudad Juárez. Sigue vivo. Su caso ejemplifica la vulnerabilidad de los DDH y el abandono institucional a un activista cuando se vuelve incómodo.
De la Rosa entró a la Comisión Estatal (CEDH) en 2005. Las cosas se complicaron en agosto de 2009, cuando se enviaron al sistema de justicia Militar 170 casos por violaciones a los derechos humanos y se congelaron en Mazatlán. Gustavo denunció el hecho. Al poco tiempo, detuvieron y torturaron a uno de sus guardaespaldas y quemaron la casa de otro. Pidió ayuda a su jefe, el Presidente de la CEDH, pero este nunca respondió.
En septiembre, un General de la zona declaró que los DDH eran aliados de los narcos. Al tiempo, la policía estatal interceptó información sobre una misión de delincuentes para asesinarlo. Se tomaron medidas cautelares: Seguridad en el trabajo (trabajar a distancia), Escoltas de la Procuraduría Estatal y diálogo con el Ejército.
En octubre asesinaron a otro de sus escoltas por lo que tuvo que irse a El Paso por 6 meses. Al volver, quedó a cargo de las quejas contra la policía federal, la estatal, la municipal, y el ejercito. Su oficina se instaló en la fiscalía. Le pusieron escolta estatal pero, a la semana, asesinaron al jefe de la misma. La remplazaron por una federal.
Gustavo tenía que atender a ciudadanos ofendidos y tratar con la autoridad la solución antes que los casos llegaran a mayores violaciones. Además, quedó como responsable de instrumentar un modelo de rescate de jóvenes “en riesgo de pandilla” en Anapra (un barrio muy marginado). Se volvió enlace entre el municipio y la mesa de seguridad.
Hace cuatro meses, le retiraron la escolta. De la Rosa pidió ayuda en gobernación; la policía federal dijo que investigaría, pero nadie ha logrado apoyo alguno.
Ahora, el alcalde lo suspendió como enlace de la mesa de seguridad y se negó a tramitar las quejas ciudadanas recibidas por su oficina. Mientras, el presidente de la CEDH le retiro el acceso a las quejas municipales y al Cereso, e impidieron la continuación del proyecto de rescate de jóvenes. Por su parte, la CNDH lo somete a juicio de responsabilidad por haber atendido un caso de la policía federal, en el que, consideran, no debió intervenir.
Las instituciones se volcaron en su contra sin considerar que retirarle el respaldo institucional lo hace ejecutable. Es una señal de paso para delincuentes ofendidos, policías o autoridades abusadoras. De la Rosa lleva años luchando por Juárez y ha recibido reconocimientos por su integridad. Hoy, parece haber incomodado a demasiadas autoridades al mismo tiempo. El castigo es la desprotección que garantiza que, ante un incidente, el responsable sea Fuenteovejuna.
Cada caso es distinto, pero este patrón seguramente se repite a costa de la vida de los que luchan por el respeto a la integridad del individuo.
Respetar los derechos humanos en tiempo de guerra es difícil pero necesario. Las autoridades federales entrantes y salientes deben entender que elevar la defensa de los derechos humanos a rango constitucional no es suficiente para salvar la vida de quien da la batalla diaria.
@cullenaa | Fb: La caja de espejos