La Procuraduría General de la República (PGR) entregó ilegibles e incompletas las pruebas en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, al juez que analiza el amparo promovido por el ex funcionario para evitar que sea encarcelado por narcotráfico.

 

Por segunda ocasión, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Francisco Javier Sarabia Ascencio, solicitó al agente del Ministerio Público Federal los documentos legibles y completos que sustentan la acusación por delitos contra la salud en contra del político priista, acusado de presuntos vínculos con los Cárteles de Los Zetas y del Golfo.

 

Demandó que en un plazo de 48 horas la PGR entregue completa la documentación en que fundamenta los señalamientos en contra del ex mandatario.

 

Esta es la segunda ocasión en que el juez de amparo solicita a la dependencia, a través del agente del MPF, y que da por parcialmente cumplido el requerimiento que le hizo el 3 de septiembre pasado.

 

Establece que el contenido de las constancias no se aprecia con claridad, “en virtud de que las mismas se encuentran testadas y no es posible su estudio, además de que no remitió la totalidad de las constancias con las que se apoyaron para emitir el auto reclamado”.

 

En el amparo interpuesto por Yarrington pide que no se le congelen sus cuentas bancarias, por lo que el juez necesita conocer los fundamentos de la PGR, mediante los cuales demandó asegurarle sus cuentas de banco.

 

El titular del juzgado en mención establece que la PGR tiene 48 horas, a partir de que se le notificó, para remitir los documentos mediante los cuales la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), así como todas las constancias que tengan sobre la investigación en contra del ex mandatario tamaulipeco.

 

El juzgador advirtió a la PGR que de incumplir con la entrega de esos documentos, se le impondrá una multa de 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

 

A su vez argumentó que es indispensable la entrega de esos documentos, para que el juez se pueda pronunciar sobre el fondo del amparo promovido por Yarrington.

 

También, recordó, es facultad del juzgado demandarle los documentos y que puede hacer uso de los medios de apremio y consignar a la autoridad omisa que incurra en desacato.

 

El recurso  interpuesto por el ex mandatario priista el 25 de junio pasado es el número 692/2012, en contra de la alerta emitida por el gobierno federal, con la cual se vigilan sus entradas y salidas del país, así como las que realice en el interior del mismo; para que no le cateen ni sus propiedades habitacionales, sus oficinas, ni se toquen sus cuentas bancarias, como resultado de la investigación que realiza en su contra la SIEDO de la PGR.