El ex coordinador de la campaña presidencial del PAN, Roberto Gil Zuarth, presentó en el Senado una iniciativa que propone regular las encuestas haciendo explícito quién las paga y si el encargado de hacerlas tiene vínculos con algún partido político.

 

La iniciativa es la segunda relacionada con el uso de las encuestas, ya que la semana pasada los perredistas Martí Batres y Gerardo Villanueva presentaron en la Cámara de Diputados una propuesta para prohibir la difusión de encuestas durante el proceso electoral que busca castigar hasta con tres años de prisión a quien incumpla.

 

La propuesta planteada por Gil propone que la autoridad electoral publique los nombres de las personas que pretendan realizar encuestas o sondeos de opinión y su récord histórico comparado con los resultados oficiales de las elecciones, esto con el objetivo de “incentivar a un mayor rigor técnico en su levantamiento” y de que los ciudadanos decidan el “grado de confiabilidad” de las mismas.

 

El director de la encuestadora Consulta Mitofsky, Roy Campos, opina que la primera “no tiene ningún futuro”, pero la segunda es una propuesta viable, sin embargo, al incluir el récord de precisión les da un carácter que no tienen, que es el de predecir.

 

“Esa parte ya está mal porque es por ley que le asignan la función de predecir, la cual no tienen. Ahora resulta que por ley las encuestas tendrán que predecir, para tener un buen récord ante el IFE, lo cual no está bien, todo lo demás es bastante lógico, basarse en criterios científicos, inscribirse”, afirma.

 

Además, la propuesta establece que se reduzca el plazo de prohibición de publicación de encuestas de tres días a un día antes de la elección así como sanciones para aquellos que difundan encuestas o sondeos de opinión sobre asuntos electorales con datos falsos.

 

La reforma al Código Federal Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) llevada al pleno por Gil, contempla que el IFE forme el comité técnico de encuestas y sondeos de opinión, el cual recibiría por parte de quien contrate la elaboración de una encuesta a lo largo del proceso electoral, información completa de la encuesta con anticipación a su publicación.

 

Esto, de acuerdo con Campos, representa otra dificultad a la iniciativa, la cual sin embargo, se puede perfeccionar.

 

“Se puede trabajar, ver cómo se puede garantizar que el que paga la encuesta siga teniendo la prioridad sobre la difusión. Un medio de comunicación contrata una encuesta pero antes de que se publique ya se le entregó al IFE y ya puede ser conocida por los partidos, entonces ya pierde lo que es la fuerza del anuncio”, explica.

 

Durante el pasado proceso electoral, un gran número de encuestas señalaron que Enrique Peña Nieto superaba en intención de voto a sus adversarios con más de 10 puntos de ventaja, mientras que la diferencia fue de sólo seis puntos.

 

Según la propuesta, los datos que se deberán publicar previamente junto con los resultados de la encuesta o sondeo de opinión son los nombres de quien haya pagado o donado para elaborar la encuesta; el encuestador; el encargado de difundir el estudio así como la fecha, horario, zonas geográficas de levantamiento de la información; tamaño de la muestra y características sociodemográficas de la población entrevistada.

 

En el caso de que la encuesta haya sido pagada por algún partido, candidato, servidor público o dirigente partidario, esto deberá ser público.

 

Desde diciembre del año pasado, el IFE adoptó el acuerdo de exigir a las encuestadoras la base de datos del estudio, información de quien lo pagó y el nombre de quien ordenó su realización.