El PRD impugnó ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa con que el Consejo General del IFE lo sancionó respecto de las irregularidades encontradas por la Unidad de Fiscalización en los egresos e ingresos del partido. El fallo ordena multar al PRD con 32 millones 673 mil 716 pesos.

 

En su recurso de apelación, el PRD argumenta que se realizó una inexacta y errada interpretación de los informes. Indicaron que se les impone una multa exagerada, pese a que el sol azteca nunca recibió un beneficio de aportación en especie.

 

Se disculparon sobre los errores presentados en los informes entregados al IFE y subrayaron que dichas equivocaciones no fueron intencionales, por lo que no consideran justo que los castiguen de esa manera.

 

Mencionaron que el Instituto Federal Electoral aplicó de manera errónea la figura de reincidencia, pues “con argumentos inaplicables” les aumentaron el monto de la sanción.

 

En su queja, el PRD apeló también la respuesta negativa respecto de la solicitud que hizo el representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez Madrid, durante la sesión del Consejo General, que consiste en pagar la sanción interpuesta a partir del mes de enero de 2013 y durante 12 pagos mensuales.

 

Márquez Madrid dijo que el árbitro electoral mide de manera distinta el tema de las sanciones, y puso de ejemplo que al Partido Verde, que ha sido multado en muchas ocasiones, el IFE no se las ha aplicado, y al PRD ni siquiera le quiere otorgar una prórroga.

 

En tanto, el consejero del IFE Lorenzo Córdova señaló que es urgente reformar la ley electoral, ya que si se llega a descubrir que hubo malos manejos monetarios en la campaña pasada, como lo que pasó con los Amigos de Fox, se corre el riesgo de gobiernos manchados por el mal manejo de dinero.

 

Dijo que este tipo de conductas pueden empañar el desempeño del nuevo gobierno. El tema de fiscalización no puede estar desvinculado de la rendición de cuentas y los funcionarios públicos tienen que hacerse responsables de estos comportamientos.

 

Invitó de manera urgente a replantear un nuevo modelo de fiscalización. Sabe que el tiempo de análisis en la actualidad es más expedito que hace 12 años, cuando en la elección presidencial del año 2000, tres años después supimos de los manejos financieros de esa campaña. Mencionó que sería impensable que eso pudiera ocurrir hoy, y señaló que en aquella ocasión hubo sanciones a los partidos, pero simplemente quedaron en eso.

 

Agregó que ese tipo de actos no benefician a la democracia, ya que “pueden acabar generando una invitación a conductas ilícitas, puesto que ‘total, cuando éstas se determinen, se sancionará eventualmente al partido y hasta ahí’”. Por eso, el tema de fiscalización no puede estar desvinculado de la rendición de cuentas.

 

Consideró que los candidatos deben de pagar los actos deplorables que realizan con tal de ganar las elecciones y reiteró que ese pendiente tiene que estar como prioridad en la reforma siguiente. “La responsabilidad de los servidores públicos urge legislarla”, dijo.

 

En ese sentido reconoció que también la exigencia de la autoridad durante las elecciones debe ser mayor.

 

Invitó a la sociedad en su conjunto a actuar con responsabilidad y ética, y señaló que el juego democrático no es algo que se da una vez y para siempre, es un procedimiento cíclico, precisamente por ello la revisión de las normas cada vez que se concluye un tiempo es fundamental.

 

La autoridad en este juego de legitimidad tiene que ser la primera en respetar los tiempos establecidos por la ley, concluyó.