La Casa Blanca dio hoy la bienvenida a un extenso informe del Departamento de Justicia sobre la fallida operación “Rápido y Furioso”, que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009, y que exculpó al fiscal general de EE.UU, Eric Holder.
La investigación interna detalló “graves fallos” en la operación encubierta y recomendó medidas disciplinarias contra 14 empleados del Departamento de Justicia y la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), pero determinó que Holder no sabía de la operación encubierta hasta que se destapó el escándalo del trasiego de armas.
“El informe de hoy afirma que el problema del tráfico de armas fue una táctica sobre el terreno que data de la Administración anterior y que fue el fiscal general de esta Administración la que le puso fin”, dijo un portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz.
“Sin embargo, el Departamento de Justicia ha tomado fuertes medidas para asegurar la rendición de cuentas y que esto no vuelva a ocurrir, incluyendo importantes cambios administrativos, de personal y de política”, agregó Schultz.
“Si los republicanos (del Congreso) aún tienen preguntas legítimas sobre Rápido y Furioso este informe de 450 páginas se las contesta. A raíz de este informe exhaustivo y una investigación de 16 meses por parte del Congreso los republicanos no tienen excusa para seguir desperdiciando el tiempo y recursos de los contribuyentes con ataques con motivaciones políticas y electorales”, enfatizó el portavoz.
El informe del Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, indicó: “no encontramos evidencia de que el fiscal general Holder fuera informado, antes del 31 de enero de 2011, de las tácticas de la Operación Rápido y Furioso usadas por ATF en la investigación” del tráfico de armas.
Por su parte, Holder dijo en un comunicado que el documento divulgado hoy confirma lo que él y otros funcionarios de su agencia habían reiterado durante muchos meses: que los altos mandos del Departamento de Justicia “no estaban enterados ni habían autorizado el uso de una fallida estrategia y tácticas” para rastrear a narcotraficantes en México.
El fiscal general estuvo durante más de un año en la mira de varios líderes republicanos del Congreso que pedían su dimisión y que incluso votaron a favor de acusarlo por “desacato” por no haber proporcionado a los legisladores, supuestamente, toda la información sobre el caso que solicitaron.
Las autoridades de ATF permitieron el contrabando de las armas desde EE.UU., con la intención de llegar hasta los capos del narcotráfico, pero le perdieron el rastro a unas 2.000, muchas de las cuales han aparecido en más de un centenar de escenas de crímenes en México.
Dos fueron halladas en la escena del asesinato del agente fronterizo estadounidense Brian Terry en diciembre de 2010.