La empresa Televisa reiteró que las camionetas detenidas en Nicaragua no son de su propiedad y que nunca han pertenecido a su parque vehicular.
Durante la emisión del noticiario nocturno conducido por Joaquín López-Dóriga, aclaró que las unidades fueron dadas de alta a nombre de la empresa de manera ilícita por una mujer identificada como Raquel Alatorre Correa, que nunca ha trabajado en Televisa.
La televisora detalló que adquiere sus unidades directamente de las compañías armadoras, no en agencias distribuidoras, además de que generalmente realiza el pago a través de una transferencia bancaria, un cheque o por la modalidad de intercambio directo.
En ese sentido, subrayó que es una compra institucional y no se realiza a través de una persona directamente en agencias distribuidoras. “Todo esto en marcado contraste con lo que hoy sabemos de las seis camionetas decomisadas”, señaló mediante una investigación periodística.
Acusó que Alatorre Correa endosó las facturas de las camionetas a nombre de Televisa de manera ilegal para formalizar el registro de cinco de ellas. Los trámites de alta vehicular se concretaron con documentación apócrifa ante la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) del Distrito Federal .
En cambio -entre otros puntos- Televisa detalló que efectúa sus trámites mediante un gestor debidamente establecido y ante el módulo especial de la Setravi para atender a empresas.
El 20 de agosto pasado, 18 personas que se hacían pasar por periodistas de la televisora fueron detenidas en el cruce fronterizo denominado “Las Manos”, en el norte de Nicaragua, cuando pretendían ingresar a Costa Rica con 9.2 millones de dólares en efectivo en vehículos con logotipos de esa empresa.
La semana pasada, la televisora dio a conocer que presentó denuncias tanto en México como ante la Fiscalía Departamental en Managua, Nicaragua, por la presunta falsificación de documentos para hacer parecer que los vehículos utilizados en ilícitos son de su propiedad.
Además el martes un juez nicaragüense admitió las acusaciones contra 18 ciudadanos mexicanos detenidos y estableció el inicio del juicio para el 3 de diciembre próximo.
Los sospechosos serán sometidos a un juicio oral y público por los supuestos delitos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas.