La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado propuso expedir la Ley General del Seguro de Desempleo, que consistiría en entregar cada mes a quienes estén sin trabajo el equivalente a 30 días de salario mínimo.

 

En entrevista, el senador José María Martínez precisó que sólo se podría acceder al seguro de desempleo durante un plazo no mayor a tres meses, cada dos años, siempre que se justifique el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones previstas.

 

El propósito de esta iniciativa es procurar el desarrollo económico y social, además de instituir como política pública la programación del seguro de desempleo, comentó.

 

El legislador panista dijo que el proyecto de ley considera al seguro de desempleo como un programa de protección social permanente para sus beneficiarios, y crea las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de un empleo digno y socialmente útil.

 

Detalló que con el seguro se busca otorgar un derecho económico, estimular y promover la incorporación de los beneficiarios a un empleo en el sector formal de la economía; así como impulsar su capacitación en el desarrollo de nuevas habilidades.

 

El legislador por el estado de Jalisco especificó que el seguro ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente en la zona correspondiente, que será entregado mensualmente al beneficiario.

 

Afirmó que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de julio 2012, 60.20 por ciento de la población de 14 años y más está disponible para producir bienes o servicios, cifra que se incrementó respecto del mes anterior, que fue de 59.30 por ciento.

 

Martínez sostuvo que en México el seguro de desempleo se ha convertido en una política pública local, por lo que se busca que los tres órdenes de gobierno efectúen acciones para el desarrollo y establecimiento de un esquema que satisfaga los requerimientos mínimos en materia social y económica.

 

Informó que el proyecto que expide la Ley General del Seguro de Desempleo fue turnado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, así como de Hacienda y Crédito Público del Senado, que la analizarán cuando sean constituidas.