La ministra Olga Sánchez Cordero, señaló que el caso de Florence Cassez “va caminando” y su reto es construir un nuevo proyecto “donde puedan coincidir algunos de mis compañeros ministros”.

 

Destacó que su posición sobre el tema es pública y la manifestó en la primera sesión en que se abordó el caso, pero ahora busca un proyecto construido con opiniones de otros magistrados.

 

“Porque yo construyo un proyecto que convenza, probablemente que no convenza a lo mejor a los medios de comunicación, pero sí convenza a mis compañeros para hacer una Constitución fuerte”, enfatizó.

 

Entrevistada antes de una conferencia magistral sobre la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dijo que sus tiempos como ministra y como instructora del caso nada tienen que ver son los tiempos políticos.

 

Añadió que fue ponente en todos los casos de los amparos de militares y tiene aún 17 asuntos de militares que esperan los precedentes “y que la competencia no está resuelta en muchos tribunales colegiados”.

 

Sobre si el proyecto de la ciudadana francesa sentenciada por secuestro estará listo hasta el año próximo, expuso que “a lo mejor no, no lo sé”.

 

Con relación al tema del fuero militar, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que éste no se está retirando, pues está consagrado en la Constitución.

 

Lo que varió, expuso, fue la interpretación de la Corte tras 80 años de una interpretación distinta a raíz de la promulgación del Código de Justicia Militar en 1933, cuando los militares ocupaban el Poder Ejecutivo.

 

“Se volvió a la interpretación primigenia de 1917 hasta 1933. No es que la Corte en este momento esté acotando y desapareciendo, como se ha hecho creer, el fuero militar, al contrario”.

 

Sánchez Cordero manifestó que el Código de Justicia Militar se interpreta diferente, “militariza todos los delitos, federales o locales, cuando está implicado un militar”.

 

Asimismo, refirió que tocará a los jueces aplicar la ley de acuerdo a la legislación federal o local, así como las penas contempladas en los códigos y con las calificativas de ley.

 

Detalló que no corresponde al Poder Judicial decidir donde purgarán las penas los militares juzgados, pues eso es atribución del Poder Ejecutivo en todos los niveles, aunque pueden cumplir las sentencias en prisiones militares.