La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) recibió durante la noche el paquete de documentos que le remitió la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) relacionados con el registro de las seis camionetas con logotipos de Televisa, que fueron aseguradas el 20 de agosto en Nicaragua, y en las que estaban ocultos 9.2 millones de dólares.
Altas autoridades de la dependencia capitalina confirmaron a 24 HORAS que el Procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, giró instrucciones para que sea la Fiscalía para Delitos Cometidos por Servidores Públicos la que atraiga la averiguación previa del caso y comience el análisis de la documentación recibida.
De manera paralela, el Ministerio Público solicitó directamente a las armadoras de la General Motors los datos relacionados con la compra de estas unidades, todas camionetas tipo Van, y que presuntamente fueron adquiridas en agencias de León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco.
Entre los documentos entregados a la Procuraduría capitalina se encuentran los registros de las unidades ante la SETRAVI para su emplacamiento, así como el poder notarial que se uso para hacer el trámite a nombre de la empresa Televisa S.A. de C.V.
En su denuncia, la televisora sostiene que las camionetas no pertenecen a su parque vehicular, y que el registro fue hecho de forma ilegal, con la posible colusión de servidores públicos del gobierno capitalino, y utilizando un poder notarial extraído ilegalmente de registros anteriores en Setravi, el cual además está vencido.
La televisora también ha negado que las 18 personas detenidas en Nicaragua por estos hechos sean empleados suyos.
En este caso también la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una investigación, y ha corroborado que las personas aseguradas no tienen relación con la televisora. La joven identificada como Raquel Alatorre, sería la líder de la célula posiblemente vinculada a la delincuencia organizada.
Por lo pronto la Procuraduría capitalina llevará a cabo diversos peritajes para verificar los registros y los documentos utilizados en el asunto de las camionetas, y citará a declarar a los servidores públicos posiblemente involucrados.