En las últimas semanas se han presentado iniciativas de ley para regular la divulgación de estudios preelectorales. La tentación de regular la difusión de este tipo de información lleva ya algún tiempo entre la clase política. Ha sido un tema polémico desde que la opinión pública, a través de los medios de comunicación, ha empezado a jugar un papel visible y relevante, no sólo en lo electoral, sino para muchos temas de política pública en general.

 

Si bien la idea de regular no es nueva, las propuestas presentadas recientemente tienen algo de original y revelan mucho de cómo la clase política ve a la información generada antes de la contienda electoral. Para propósitos de análisis, es útil señalar algunas de las características de cómo se entiende esta información.

 

** La información preelectoral es peligrosa. Todas las iniciativas de ley parten de la idea de que el ciudadano no tiene capacidad para entender o discriminar la información que recibe. Esta conceptualización incluye la veda electoral que hoy existe en el Cofipe que prohíbe publicar estudios de preferencia electoral hasta 3 días antes de la jornada electoral. Es una posición que valora poco al ciudadano o lo tiene en un concepto muy bajo en sus capacidades cívicas.

 

** El público es manipulable. Al no poder distinguir la calidad de información que recibe, al ciudadano se le puede engañar fácilmente. Es un concepto de ciudadano incompetente. Dentro de este concepto hay representantes clásicos del argumento como Hobbes o Maquiavelo. Es decir, el argumento no es nuevo, está dentro del canon de los autores clásicos de la filosofía política. El ciudadano bajo los dos conceptos anteriores vive una especie de “estado infantil”.

 

** La información generada antes de las elecciones es la variable más importante para decidir el voto. Se considera que la información preelectoral no es una información más, sino la más importante y, en el extremo del argumento, la determinante para decidir por quién votar. Se le valora por encima de campañas electorales, noticieros, activismo político e, incluso, por arriba de prácticas clientelares (visita a hogares para persuadir o hacer obsequios con tal de ganar la preferencia electoral del ciudadano).

 

 

 

** Es mejor que sólo unos pocos tengan información a que la tengan todos. Ante tal subestimación del elector, lo mejor es que sea sólo la clase política, los tomadores de decisiones, quienes cuenten con esta información. Lo que se regula es su difusión, pero no su generación. Es decir, los líderes de partidos, de grupos políticos, empresarios, y en general todos aquellos actores con capacidad para generar tal información estarán enterados de los escenarios políticos probables. El único que estará limitado será el ciudadano común.

 

** La información se puede controlar. Las iniciativas asumen que se puede supervisar la calidad y la difusión de la información. A diferencia de lo que pasa en las sociedades y democracias en la mayor parte del mundo donde la información cada vez está más descentralizada (a través de redes sociales y el uso de internet, por ejemplo) y cada vez es menos probable controlarla, estás iniciativas creen que con una ley más restrictiva evitaran la difusión de información “perniciosa”. La mayor parte de estos intentos han probado su ineficacia en otros países.

 

** Todos los fenómenos sociales son medibles y el error no existe (ni siquiera el del margen). El error por definición se reparte de manera aleatoria, es decir, es en todas direcciones y en distintas proporciones. En sentido estricto, lo que pasó en la pasada elección presidencial en México no fue un error, porque el sesgo fue en la misma dirección y en proporciones similares. Hay un consenso generalizado en la literatura académica que cuando se observan estos fenómenos se conoce como “voto oculto”, que se explica por una “espiral de silencio”.

 

** No se distingue la responsabilidad de los investigadores y de los medios de comunicación. De alguna manera se acepta la teoría de la conspiración donde existe el mismo nivel de responsabilidad porque se asume una coordinación entre ambos actores. No se asumen como entidades separadas, sino coordinadas.

 

 

 

** México es distinto al resto del mundo y por ello se justifica una legislación que afirme el “excepcionalismo” mexicano. Si bien es cierto que hay algunas casos de países democráticos como Canadá, que tienen legislaciones restrictivas, de acuerdo a los últimos reportes del European Society for Marketing Research (ESOMAR) y World Association for Public Opinion (WAPOR), la mayor parte de las democracias tienden a liberar cada vez más sus legislaciones. Es decir, una regulación de las características que se propone iría a contracorriente de las mayores democracias del mundo en este tema. Para la mayor parte del mundo democrático quien regula es la ciudadanía y no necesariamente el Estado.

 

En conclusión, da la impresión que estás iniciativas de ley están basadas más en prejuicios (entendido como una creencia que no tiene evidencia), que en una reflexión de fondo sobre cuál es el papel de la opinión pública hoy en nuestro país. Como otras regulaciones en México parecen responder de manera casuística, y como ha pasado con estas legislaciones, probablemente termina causando más perjuicio que beneficio al ciudadano. Sería útil y pertinente que los legisladores observaran con mayor detalle la historia de la opinión pública y las formas de difusión de información preelectoral en otras democracias.

 

*Director Asociado, Parametría S.A. de C.V. Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Connecticut.