La Procuraduría General de la República (PGR) informó esta noche que se encuentra analizando el informe que presentó esta semana el Inspector General del Departamento de Justicia relativo al operativo “Rápido y Furioso” de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), para determinar los delitos que se cometieron y proceder en consecuencia.
En un comunicado de tres puntos, la dependencia que encabeza Marisela Morales recordó que la introducción ilegal de armas a nuestro país es un delito del orden federal.
“Por lo tanto, corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar si como consecuencia del operativo Rápido y Furioso se cometió dicho ilícito. Ello con total independencia de lo que al respecto haya concluido la investigación del Inspector General de del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América”, indicó la Procuraduría.
No obstante, la PGR reconoció que el informe puede resultar de utilidad para las averiguaciones previas abiertas, por lo que comenzó con su análisis, y recordó que además hay varios mecanismos de intercambio de información con los Estados Unidos.
Subrayó finalmente que el combate al tráfico de armas es un requisito “fundamental” en la estrategia para abatir a las organizaciones delictivas, y es una tarea en la que es obligatoria la coolaboración bilateral.