Washington. El reto que el presidente electo mexicano Enrique Peña Nieto enfrentará en materia de derechos humanos es crítico dentro y fuera de México y requerirá reformas, consideró hoy el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza Longoria.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que el trabajo del próximo gobierno en este ámbito será de especial relevancia en el tema de los periodistas, sin menoscabo de lo que pasa en el resto de la población.
“Lo que pasa en México en cuestión de periodistas es de lo más crítico del mundo”, indicó aludiendo a los 67 comunicadores muertos en los pasados seis años, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de México.
En entrevista, el exombudsman del Distrito Federal apuntó que todas las instancias internacionales en materia de derechos humanos y de libertad de expresión “tienen el ojo puesto en México”.
Esto, explicó, no solo deriva del grado de violencia armada de que son víctima los periodistas, sino también del abierto hostigamiento de autoridades y agentes del Estado.
Como muestra refirió el intento de autoridades en el estado de Veracruz de criminalizar a dos periodistas que mandaron mensajes en la red Twitter, algo que -dijo- enciende “el foco rojo de cual es la tendencia para querer trabajar con la prensa”.
En opinión de Álvarez Icaza Longoria, lo que pasa con los periodistas y la prensa en general es importante por las implicaciones que estos delitos tienen en el colectivo social -“si matas un periodista afectas a toda la sociedad”-, pero también por lo que evidencia.
“Hay una parte importante (de la situación de derechos humanos) en lo que a periodistas se refiere que los hace tan emblemáticos porque refleja un problema estructural de impunidad”, sentenció.
Igualmente grave consideró la omisión, “porque no se investigan las amenazas, porque no se protege a los periodistas, porque las amenazas se cumplen”.
Estos retos estructurales son un reflejo de los que enfrentará en general el gobierno de Peña Nieto, a partir del 1 de diciembre próximo, en materia de derechos, y aunque es prematuro tener una medición de lo que viene, opinó que existen ya señales tempranas.
Aludió el decálogo de acción titulado “la presencia democrática” que el entonces candidato presidencial presentó ante organizaciones de la sociedad civil y donde uno de los 10 puntos es el tema de derechos humanos.
Se trata, dijo, de un documento que tiene mensajes políticos hacia afuera, pero también tiene mensajes políticos hacia su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).
“El presidente electo quiere mandar un mensaje de que hay otro momento y que es distinto, entonces su partido y su gobierno tienen que tener un entendimiento distinto de la agenda de derechos humanos”, destacó.
Con todo reconoció que la agenda de seguridad es crítica, incluyendo el asunto de la violencia, de las víctimas, de las políticas para atenderlas, “es un tema de claro-oscuros (donde) también tienen una enorme responsabilidad los gobiernos de los estados”.
“Ya no es sólo el tema de Peña Nieto, ni de (el presidente) Felipe Calderón; la agenda de derechos humanos también tiene que tener un foco en los gobiernos locales”, como lo evidencian los casos de Ciudad Juárez, Oaxaca y Atenco.
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