Es un hecho que está semana habrá reforma laboral, lo que no sabemos es qué clase de reforma aprobarán los diputados y qué tanto se modificará la iniciativa preferente enviada por el presidente Felipe Calderón. Porque también es un hecho que a la propuesta presidencial se le harán cambios en temas en los que no transita para los viejos líderes sindicales del PRI y de los llamados “sindicalistas independientes” que ven en temas como la transparencia en el manejo de cuotas y la elección de dirigentes una amenaza a su millonario modus vivendi.

 

En las próximas horas se define qué tanto control sobre el viejo PRI tiene el que dice representar al “nuevo PRI”, Enrique Peña Nieto. Porque si lo que aprueban los priistas en San Lázaro es una reforma laboral a modo, que no toque la opacidad y la antidemocracia que priva en la mayoría de los sindicatos, entonces será claro que el presidente electo, que se ha declarado partidario e impulsor de la transparencia en la vida pública, no ha podido vencer las resistencias que aún existen en su partido y que no garantizan que sus otras propuestas contra opacidad y corrupción vayan a aterrizar en la práctica.

 

Hasta anoche en San Lázaro los acuerdos seguían entrampados. Una parte del PAN, que defiende la iniciativa de Calderón, se negaba a modificar lo que consideran “puntos sustanciales” como las propuestas contenidas en los artículos 371, 373, 380 y 391, que se refieren a la elección de dirigentes por voto libre, secreto y directo; a la obligación de las directivas de sindicatos de rendir cuentas cada seis meses a sus agremiados sobre la administración de cuotas y patrimonio sindical; al destino de ese patrimonio, si se disuelve el sindicato, y a la posibilidad de que la Junta de Conciliación haga públicos los contratos colectivos de trabajo.

 

“Una reforma sin esos contenidos no es reforma”, ha dicho la secretaria del Trabajo, Rosalinda Vélez, la verdadera autora de esta iniciativa y quien convenció al presidente Calderón de enviarla como una de las dos preferentes a las que tenía derecho antes de concluir su mandato. Hay panistas que piensan igual y no aceptan ceder en esos puntos que son los que más rechazan las alas duras del PRI.

 

El PRD, por su parte, con su rechazo a la iniciativa laboral y su amago de llevarla hasta la Suprema Corte de Justicia, si es aprobada por una mayoría PRI-PAN, prácticamente se ha definido en contra del ordenamiento y adelanta su automarginación de una posible aprobación.

 

Pero el verdadero problema lo tiene el PRI. Por un lado, Peña Nieto y los más reformistas del PRI apoyan la idea de aprobar la reforma, aun en los temas de transparencia y democratización, siempre y cuando no se modifiquen conquistas esenciales de los trabajadores, como derecho de huelga, prestaciones sociales aun en contrataciones por hora, y un respeto a la autonomía sindical que no necesariamente se refleje en opacidad. Pero las alas duras del PRI, formadas por los cetemistas y otras organizaciones sindicales como los petroleros, ferrocarrileros y demás organizaciones del Congreso del Trabajo, se oponen a cualquier cosa que toque el manejo financiero de sus sindicatos, la elección actual de sus dirigentes y hasta la publicación de los contratos colectivos.

 

El jaloneo más fuerte en las siguientes horas será en el PRI, donde ya su dirigente Pedro Joaquín Coldwell habló de que “habrá reforma pero con cambios”. Veremos si esos cambios no son del tamaño que neutralicen los avances que proponía la iniciativa presidencial y si los cambios que quieren los duros priistas son aceptables para el PAN. De eso depende qué clase de reforma laboral es la que tendremos en México, una que sirva realmente para modernizar y regularizar el mercado del trabajo y acabar con la corrupción en los sindicatos, o una que, como ya es costumbre, sólo se quede por encima y apueste al gatopardismo tan del gusto mexicano: cambiar para que nada cambie.

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