Las 18 supuestos periodistas y trabajadores de Televisa que fueron detenidos el pasado 20 de agosto en Nicaragua, cuando transportaban 9.2 millones de dólares en camionetas registradas a nombre de esa empresa, estarían vinculados con el grupo delictivo de Los Zetas, reveló la procuradora Marisela Morales.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR) también dio a conocer, en entrevista con 24 HORAS, que la investigación que se realiza alcanza a los servidores públicos del Distrito Federal que facilitaron el registro ilegal de las camionetas a nombre de Televisa y que lo habrían hecho de forma premeditada, lo que implicaría que existe una infiltración de Los Zetas en la administración capitalina.
Marisela Morales detalló que las indagatorias arrojan indicios específicos sobre los vínculos de los sospechosos con la delincuencia organizada y que no era la primera vez que realizaban una operación de este tipo.
“Al parecer pertenecen a esta organización de Los Zetas, pero en eso estamos, terminando de recabar información, se van a hacer algunas diligencias que no puedo revelar porque perderíamos el factor sorpresa”, dijo la Procuradora.
Subrayó que las líneas de investigación apuntan a que la célula de presuntos delincuentes, liderada por Raquel Alatorre Correa, llevaba tiempo operando de esta forma, es decir, utilizando una fachada para trasladar recursos económicos ligados con el narcotráfico en México y Estados Unidos hacia el sur del continente.
“Cuando tengamos la totalidad de las investigaciones se las vamos a remitir a la Fiscalía General allá en Nicaragua (…) nosotros tenemos nuestro caso abierto y seguramente estaremos consignando algo en contra de estas personas por las actividades que hayan desarrollado en México”, apuntó Morales.
En Nicaragua permanecen aprehendidos los 18 mexicanos detenidos el 20 de agosto, a la espera del arranque de su juicio en diciembe por presuntos vínculos con el crimen organizado trasnacional. Se trata de 17 hombres y una mujer, esta última identificada como Raquel Alatorre, presunta líder del grupo.
Autoridades de la PGR indicaron a este diario que algunos de los detenidos en Nicaragua, sin precisar cuales, incluso vivían en Tamaulipas y en Durango, zonas de influencia de la referida organización delictiva, pese a que sus identificaciones arrojan supuestos domicilios en el Distrito Federal, particularmente en la delegación Iztacalco, que son falsos, como evidenció este diario semanas atrás.
PGR y PGJDF investigan
La procuadora Marisela Morales explicó también que para sus investigaciones serán importantes los resultados que arroje la averiguación previa que por su parte inició la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), luego de que Televisa denunció que los vehículos asegurados en Nicaragua fueron registrados de forma ilegal a su nombre.
“Vamos a estar coordinándonos con la Procuraduría del DF, que también lleva una investigación y en esa coordinación de investigaciones si se dan delitos del orden común o del orden federal (contra los funcionarios), vamos a actuar”, sostuvo la titular de la PGR.
Los funcionarios capitalinos que en primera instancia se encuentran bajo sospecha son los operadores de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) que registraron las camionetas con un poder notarial de Televisa que ya estaba vencido, y que se presume fue extraído de un expediente anterior.
Se trata de María Cristina Basurto Camarillo, operadora de un módulo de SETRAVI en Tlalpan; Luis Gustavo Bedolla, operador de un módulo en Álvaro Obregón; Adriana Sara Cruz Mendoza, responsable del módulo en Venustiano Carranza, y Luis Basurto Orozco, encargado de un módulo de control vehicular en Tlalpan. Ninguno de ellos se encuentra detenido.
El viernes la PGJDF confirmó que por fin, luego de 15 días, la Setravi envió la documentación que le había requerido el Ministerio Público local relacionada con el registro de las seis camionetas tipo van modelos 2010 y 2011, aseguradas en Nicaragua, y que están a nombre de la compañía Televisa S.A. de C.V.
Entre los documentos entregados a la Procuraduría capitalina se encuentran los registros de las unidades ante la SETRAVI para su emplacamiento, así como el poder notarial que se usó para hacer el trámite a nombre de la televisora.
El expediente de la averiguación previa fue turnado a la Fiscalía Especializada para delitos de Servidores Públicos de la PGJDF, que se encargará de verificar los trámites que se realizaron y, de ser el caso, las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
El resultado de las pesquisas de la Procuaduría capitalina facilitarán a la PGR la integración del expediente contra los empleados de SETRAVI en cuanto a posibles delitos federales cometidos, por su presunta participación con el crimen organización.
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