Estoy convencido que hay un montón de políticas intermedias por aplicar en México que darían extraordinarios resultados en la economía, incluso por encima de las expectativas que han generado -a fuerza de repetirse- las ya famosas “reformas estructurales”.
Una de esas políticas públicas intermedias con enorme potencial para la recaudación local, para la certeza jurídica a la propiedad, y para el aliento al crédito y a la inversión, tiene que ver con la modernización y gestión del padrón catastral en los municipios del país.
El viernes pasado Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y Sara Topelson, subsecretaria de Desarrollo Urbano, lanzaron un reto que a cualquier político inteligente y estratega de políticas públicas le debe despertar interés: La recaudación del impuesto predial en los municipios es tan bajo en México -por la ineficiencia en la gestión como por su abandono técnico- que su potencial es enorme.
Y la cifra lo dice todo: Los municipios en su conjunto podrían incrementar seis veces la recaudación actual por el impuesto predial, sin siquiera subir la tasa del impuesto. Se trata sólo de cobrar bien.
Así que aquí hay un verdadero tesoro recaudatorio escondido que podría ascender a los 250 mil millones de pesos (1.8% del PIB) desde los 45 mil millones que se recaudan actualmente, convirtiéndose en una de las salidas a los graves problemas financieros que enfrentan buena parte de los dos mil 445 municipios del país.
La situación de ineficiencia recaudatoria en los municipios es grave. Si se excluye la recaudación del impuesto predial en el Distrito Federal -que aporta una tercera parte del total y que representa 0.38% de su PIB- el resto de los municipios del país tienen un índice de recaudación del predial/PIB de 0.18%, frente a un promedio -10 veces mayor- de 1.8% en los países de la OCDE. Sin el Distrito Federal la recaudación del predial per cápita en 2010 fue de 185 pesos al año. Estas cifras ilustran la urgencia de recuperar la magnitud y estabilidad que ofrece un impuesto que debe ser la base de los ingresos fiscales de los municipios del país y que explica -entre otros factores- su elevada fragilidad financiera.
La labor técnica y de financiamiento que han hecho en los últimos años tanto INEGI como el gobierno federal, a través de Sedesol, para modernizar los registros públicos de la propiedad y los catastros del país, ha sido muy relevante y ofrecerá resultados altamente rentables en el corto plazo, si los políticos locales son lo suficientemente inteligentes.
Por eso los flamantes legisladores deben continuar priorizando este proyecto que tiene un alto impacto para las finanzas públicas y para la seguridad jurídica que requiere toda inversión y todo empeño por avanzar en la formalización de la economía.
Hace poco, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, dijo en una entrevista que Peña Nieto “necesita trabajar en todas las cosas aburridas pero imprescindibles, como la educación, la infraestructura y el Estado de Derecho, que son un verdadero problema para México”.
Tiene razón. El despegue económico de México pasará por la ejecución de un montón de políticas “aburridas”, pero altamente rentables, como ésta de hacer del impuesto predial no sólo un mecanismo eficaz y estable de financiamiento local, sino también uno de rendición de cuentas y de participación comunitaria.
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