Hoy se reunirá la Comisión Técnica encargada de analizar la iniciativa preferente enviada por el presidente de la República, Felipe Calderón -la cual busca acotar la opacidad y evitar el sobrendeudamiento de los estados y municipios-, para redactar el documento final que se presentará ante el pleno para su discusión y votación antes del 30 de septiembre.

 

A seis días de que venza el plazo fijado por ley, dicha Comisión Técnica acordó formar un subgrupo de trabajo encargado de reunir coincidencias entre los grupos parlamentarios para redactar el texto final y presentarlo a la Mesa Directiva, y ésta, a su vez, lo turne a las comisiones correspondientes de Hacienda y Estudios Legislativos, las cuales se espera que queden conformadas el próximo martes.

 

A su vez, la Comisión Técnica fue creada con el objetivo de analizar y redactar el documento a falta de un consenso para conformar las comisiones definitivas encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa. De los 31 senadores que la conforman, los encargados de redactar el documento final serán ocho legisladores pertenecientes a diferentes corrientes políticas.

 

Dicha iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Senado con calidad de preferente el 1 de septiembre pasado, la cual tendría que ser discutida y votada antes de 30 días. Faltan seis días para que se cumpla el plazo.

 

A diferencia de la reforma laboral enviada por Calderón a San Lázaro en la misma calidad, la cual ha recibido la oposición del PRD y del sector obrero del PRI, la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental ha logrado consenso en la Cámara Alta y se espera que sea aprobada en los tiempos que marca la ley.

 

Por parte del Grupo Parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón afirmó que serán una “mayoría responsable” la cual buscará coincidencias y trabajar las diferencias que pudieran aún surgir: “Lo seguiremos haciendo permanentemente hasta que esta iniciativa quede dictaminada”.

 

En tanto, la vicecoordinadora de la bancada perredista, Dolores Padierna, calificó a esta ley como “aprobable” debido a que serviría como base para una fiscalización efectiva hacia la eficiencia, transparencia y mejor administración de recursos.