La acusación de Ricardo Monreal en el sentido de que el gobierno del Estado de México transfirió dinero de su cuenta a la de particulares no pudo ser desmentida por la administración estatal o el Banco de México.

El diputado comprobó que mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se transfirieron fondos estatales a particulares, hecho admitido por el secretario de Finanzas, Raúl Murrieta. El Banco central dijo que uno de sus comprobantes había sido modificado a petición de Scotiabank, la institución financiera que recibió el depósito, pero no aclaró por qué el dinero fue enviado a donde no debía porque el sistema estipula que las transferencias sólo se hacen a usuarios que están registrados con una clave bancaria.

 

Para el abogado Gabriel Reyes Orona, especialista en el sector financiero, la demanda interpuesta por el diputado Ricardo Monreal por este motivo en contra de Banxico y Scotiabank tiene nulas posibilidades de prosperar debido a que el marco jurídico actual ni siquiera tipifica como delito la corrección discrecional de documentos bancarios.

 

Por ello, el ex procurador Fiscal de la Federación no duda en señalar que la política del presidente Felipe Calderón en lo referente al combate de lavado de dinero no es más que una “simulación” orquestada por el grupo que impulsó el nombramiento de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México para convertir al país en un “paraíso bancario”.

 

¿QUÉ OPINA DE LA EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SCOTIABANK EN EL SENTIDO DE QUE, “POR ERROR”, HUBO TRES TRASPASOS DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN A PARTICULARES?

 

No va a pasar absolutamente nada, porque la ley permite las correcciones, permite grandes errores, que exista un amplio margen para que las instituciones corrijan. Aquí no hay alteración ni falsificación. No se puede violar una regla que no existe, y en México no existe una regla de inmutabilidad de las transacciones, sino que las instituciones pueden con toda tranquilidad ajustarlas y modificarlas. Eso nos debe llevar a reflexionar. Requerimos autoridades imparciales que no sean meros operadores de un sistema confiado de manera plena a los intermediarios financieros.

 

¿A QUÉ SE DEBE ESTA SITUACIÓN?

 

Durante los últimos 15 años se han venido haciendo reformas con la pluma del sistema bancario. A diferencia de lo que ocurre en otros países donde la ley trata de controlar y establecer medidas de vigilancia y fiscalización a favor de los usuarios y la transparencia, lo que se ha venido haciendo en México es que los bancos han venido deteriorando y degenerando la ley financiera para proteger una absoluta discrecionalidad. Esto que está pasando en el caso de Scotiabank es sólo la punta de un iceberg gigantesco donde quedan claros los dos grandes pilares del sistema: discrecionalidad absoluta y manipulación. Esto no es casual, sino un proceso orquestado fundamentalmente por Agustín Carstens para que los instrumentos y procedimientos del sistema bancario estén en control absoluto de los sujetos regulados. Así como existen islas consideradas paraísos fiscales por las normas laxas para la operación en materia fiscal, México es un paraíso bancario, porque se puede cobrar el margen financiero más grande y criminal del planeta, no porque el sistema bancario mexicano sea atractivo en términos de inversión, sino por el gran desorden de las autoridades financieras es única en el mundo.

 

¿QUÉ LECTURA LE DA A LA RECIENTE SALIDA DE NICOLE REICH, DIRECTORA DE SCOTIABANK, TRAS EL ERROR DE “LOGARITMO” QUE ARGUMENTÓ EL GOBIERNO DE ERUVIEL ÁVILA?

 

Es más de lo mismo. En toda investigación dicen que hay que seguir el dinero. Cuando uno como autoridad sigues un procedimiento en este sentido, tarde o temprano llegas a un funcionario. Si ese funcionario se mantiene en la institución está sujeto a sanciones. ¿Qué pasa cuando desaparecen a estas personas administrativamente? La ruta de investigación llega a un punto negro, un gran vacío donde la investigación se muere. No es el único caso. Para mí la parte más importante a revisar es la lamentable muerte de Pablo Gómez del Campo, primo (político) de Felipe Calderón, encargado de lavado de dinero (de la CNBV), quien murió en condiciones muy extrañas hace unos meses. Pero además hay que investigar la destitución silenciosa de todos los funcionarios en las áreas jurídicas y lavado de dinero en los últimos cuatro o cinco años, el número es escandaloso. Es una cifra negra tan grave, que tendría que ser pública, pero no lo es.

 

¿ESTO SIGNIFICA QUE TODA LA POLÍTICA MEXICANA EN LO REFERENTE A LAVADO DE DINERO ES UNA SIMULACIÓN?

 

Por supuesto. En México no existe una legislación que se aplique de manera efectiva, sino una gran pantalla, una cortina de humo armada por Carstens y su equipo para aparentar el combate al lavado de dinero. En México no se persigue ese delito.

 

¿QUÉ INSTRUMENTOS TIENE LA CIUDADANÍA PARA PEDIR CUENTAS CLARAS EN EL MANEJO DEL SECTOR FINANCIERO?

 

Habrá que hacerle cuentas a Felipe Calderón, ver cuántas sentencias firmes en materia de lavado de dinero se obtuvieron durante su administración, y de esas, cuáles son grandes corporaciones o sujetos encargados de lavado de dinero y no meros chivos expiatorios para tratar de simular una persecución. Calderón prácticamente no consiguió un solo resultado efectivo en esa materia.