El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha logrado una significativa ventaja en el estado clave de Ohio frente a su rival republicano, Mitt Romney, y conserva cierto margen en Florida, otro de los estados de más peso, según reveló hoy una encuesta publicada por The Washington Post.
Entre los probables votantes, Obama está por delante de Romney en Ohio con un 52 % de apoyo, mientras que el exgobernador de Massachusetts obtiene el 44 %. Ningún republicano ha llegado a la presidencia de Estados Unidos habiendo perdido ese estado.
En Florida, otro de los considerados estados bisagra, el presidente cuenta con un margen más estrecho, pero aun así importante, al obtener el 51 % en intención de voto de los votantes probables, por un 47 % del republicano.
El presidente de Estados Unidos lograría en Florida una diferencia de 9 puntos sobre Romney si votaran todos los votantes registrados, según la misma encuesta.
La ventaja de Obama en Ohio se debe a la valoración de su desempeño en el manejo de la economía. Algo más de la mitad de los encuestados (53 %) valora positivamente su gestión económica, y un 56 % lo hace respecto a su gestión en general.
Según la encuesta, el 36 % de los votantes de Ohio dicen haber sido contactados por la campaña de Obama, mientras que la campaña de Romney solo ha alcanzado al 29 %.
Además, el sondeo revela que el 57 % de los ciudadanos de Ohio cree que Obama entiende mucho mejor los problemas económicos a los que se enfrentan los estadounidenses, mientras que un 34 considera que Romney es mejor en esta materia.
La encuesta fue realizada por teléfono entre el 19 y el 23 de septiembre entre una muestra aleatoria de 1.107 adultos en Florida y 1.101 adultos en Ohio. Los resultados tienen un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales.
Elogios y críticas a iniciativa de Obama para combatir la trata de personas
Iniciativa contra trata genera elogios y críticas
La orden ejecutiva emitida hoy por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que prohíbe que los contratistas del Gobierno federal participen en la trata de personas, generó de inmediato elogios y críticas dentro y fuera del Congreso.
La medida coincidió con el 150 aniversario de la Proclamación de la Emancipación, que abolió la esclavitud en Estados Unidos, y suscitó elogios de la mayoría de grupos cívicos y críticas de legisladores republicanos y grupos conservadores, por su presunto oportunismo.
Devon Chaffee, abogado de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), dijo en un comunicado que la iniciativa “es un gran paso hacia adelante en la lucha contra el tráfico de personas” que no debe tener cabida en proyectos financiados por el Gobierno federal.
Otros grupos prominentes, como el Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes, la asociación de Abogados Estadounidenses, el Centro para Niños Desaparecidos y Explotados y el grupo de sobrevivientes FAIR Girls, aplaudieron la medida de Obama al considerar que ésta es clave para proteger a las víctimas, en particular a niños y jóvenes.
Los senadores demócratas Patrick Leahy y John Kerry, que presiden los comités Judicial y de Relaciones Exteriores del Senado, respectivamente, también elogiaron en sendos comunicados los pasos de la Administración Obama contra esta “práctica aborrecible”.
Pero el legislador republicano de California, Darrell Issa, que preside el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, consideró que Obama debería demostrar “liderazgo” para poner en marcha “verdaderos cambios en el código penal”.
Según Issa, aunque la medida de Obama incorpora varios de los elementos de una ley aprobada recientemente por la Cámara baja, “no incluye la parte más importante: expandir el código penal de manera que abarque el trabajo forzado de extranjeros en obras fuera de Estados Unidos, y el combate” a los contratistas.
“Me preocupa que el anuncio de hoy sólo añadirá otra política sin ejecución a la lista. Si va a encontrar tiempo para acudir ante las cámaras y la comunidad internacional para anunciar algo a medias, el presidente Obama le debe a las víctimas del tráfico de personas que se comprometa personalmente en un esfuerzo legislativo para hacer cambios reales a los estatutos criminales federales”, argumentó.