TEGUCIGALPA. El asesinato en los últimos tres días en Honduras de un fiscal de derechos humanos y un abogado de campesinos que exigen tierras para cultivar ha conmocionado a la sociedad hondureña, azotada por una grave ola de violencia.

 

El abogado Antonio Trejo, defensor de grupos de campesinos en el Caribe de Honduras, fue asesinado el sábado por unos pistoleros en Tegucigalpa; mientras que su colega Manuel Díaz, fiscal de derechos humanos, murió el lunes en un ataque similar en Choluteca, en el sur del país.

 

Estos crímenes han conmocionado a la sociedad hondureña, que nuevamente ha exigido el cese de la actual ola de violencia, que se cobra la vida de una media de unas 19 personas al día, en un país de 8,2 millones de habitantes.

 

Diversos sectores sociales hondureños, así como gobiernos y asociaciones defensoras de los derechos humanos condenaron este martes el asesinato de los dos abogados y exigieron al Gobierno que preside Porfirio Lobo una “inmediata” investigación.

 

El fiscal general adjunto y a la vez presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, dijo que el Gobierno debe “hacer una exhaustiva investigación” para que las muertes de Díaz y Trejo no queden en la impunidad.

 

“Condenamos ese acto de violencia, este es el momento para que todos nos unamos en este combate”, agregó Urtecho, quien lamentó que a los fiscales les piden “resultados pero no les dan protección”.

 

Desde 1994 hasta la fecha, en Honduras han sido asesinados siete fiscales, incluido Díaz, según cifras del Colegio de Abogados.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, condenó el asesinato de Díaz y de Trejo y pidió a las autoridades hondureñas “garantizar la seguridad” a las personas que trabajan en el ámbito judicial.

 

El defensor del pueblo señaló en un comunicado que la profesión del derecho se ha convertido, junto a la de los periodistas, policías y taxistas, “en una labor de alto riesgo”.

 

Trejo, como abogado del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), defendía los intereses de grupos de campesinos que exigen al Gobierno tierras en esa zona de la costa del Caribe, donde se vive un ambiente tenso por los frecuentes enfrentamientos armados entre agricultores y guardias de seguridad de los terratenientes, que en los últimos tres años han dejado más de 60 muertos.

 

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) condenó el asesinato del fiscal de derechos humanos y mostró su preocupación por la violencia que “esta sembrando el terror en la población”.

 

En 2011, Honduras registró una tasa de 86,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy superior a la media Latinoamérica de 20 y a la mundial de 8,8, según el Comisionado de los Derechos Humanos.EFE