El Senado de la República aprobó en lo general, con cambios, la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que remitió el Ejecutivo Federal, y que transparenta el gasto en los tres órdenes de gobierno y sus entes públicos.
Con 104 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones el pleno senatorial avaló la iniciativa preferente que busca combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos.
De esta manera, se impone una sanción de dos a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo, a quienes causen daño a la hacienda pública o al patrimonio, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico.
En tanto, el presidente Felipe Calderón, al llegar a la ciudad de México procedente de su gira por Estados Unidos, agradeció la reforma a la ley.
Desde su cuenta de Twitter, @FelipeCalderon escribió “Muchas gracias a las senadoras y a los senadores que votaron en favor de la Iniciativa Preferente de Transparencia Gubernamental”.
Además, como parte de la reforma, los entes públicos estarán obligados a colocar en internet la información sobre los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario y el monto recibido.
Los ciudadanos tendrán acceso a todos lo adeudos que tengan los estados, municipios, o la Federación, y a este derecho no se podrán oponer mecanismos como el secreto bancario o fiduciario.
La reforma avalada establece reglas para armonizar la información financiera relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos. (Notimex)
Así, la Secretaría de Hacienda y las dependencias equivalentes en los gobiernos locales deberán facilitar el acceso a la información financiera de todos sus entes públicos, a través de enlaces electrónicos en sus páginas de Internet.
Además, las entidades deberán hacer públicos los recursos federales que reciban y los que ministre a municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y demás beneficiarios.