Juan Luis Torres Torres, el ciudadano cuyos datos personales fueron entregados por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) a Televisa, para identificarlo como uno de los detenidos en Nicaragua por presuntos delitos de narcotráfico, puede presentar una denuncia ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del DF (INFODF) por el uso indebido de sus información.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, los entes obligados (como la Setravi) deberán “asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable”.
Además, deben recibir el consentimiento de las personas para la difusión, distribución o comercialización de dichos datos personales.
De acuerdo con el InfoDF, debido a que la Setravi violó ambas obligaciones, puede ser sujeta de sanciones en caso de que el afectado presente una denuncia.
Óscar Guerra, comisionado presidente del InfoDF, afirmó que como responsable de vigilar y garantizar los datos personales que ha entregado algún ciudadano a las distintas dependencias del gobierno del DF, debe de castigarse su mala utilización.
El funcionario destacó que si la difusión de sus datos causó algún daño y si se puede calcular económicamente, se redimirá de esa manera la afectación causada.
El InfoDF informó que los ciudadanos afectados podrían interponer denuncias sobre el caso de la suplantación de identidad que se registra en este caso, cuyos detenidos se transportaban en seis camionetas con logotipos de Televisa.
El encargado de la transparencia capitalina subrayó que se trata de un hecho reciente, por lo que en cuanto lleguen los quejosos se comenzarán los procedimientos adecuados.
En caso de que haya denuncia, agregó, la dependencia seguirá un procedimiento para ubicar a cada uno de quienes tuvieron acceso a los datos personales entregados a Televisa y, a través de especialistas informáticos, determinar ubicación, responsable y destino de los documentos electrónicos que fueron mal utilizados.
“Si hubiese un mal uso y fueran transferidos los datos, sin autorización del algún ciudadano, por parte de las dependencias públicas del Gobierno de la Ciudad de México, pueden estar seguros que habrá sanciones contra los responsables”, dijo Guerra.
Subrayó que los castigos los determina la Contraloría Interna y van desde sanciones administrativas, amonestaciones públicas o privadas y suspensiones temporales o definitivas de actividades. Y si hubiese daño, la reparación económica.