El robo de autos en el país es un fenómeno que no ha disminuido a pesar de los statements oficiales.

 

Cifras van. Cifras vienen. Las instancias gubernamentales relacionan la supuesta caída en la incidencia de robo de vehículos en México a partir de la baja en el número de denuncias interpuesta ante el Ministerio Público.

 

Algo que es innegable es que la tecnología juega un papel fundamental como factor inhibidor, no sólo como recuperador de autos robados.

 

Un ladrón puede identificar a golpe de vista cuándo un auto cuenta con “rastreador” satelital. No así cuando está equipado con Lo Jack. Nadie puede detectarlo pues no cuenta con antenas, cables, focos, alarmas… con ningún elemento visible que alerte al hampón como los GPS.

 

La tecnología satelital necesita de vista directa al satélite. Por más que lo nieguen los operadores, cualquier persona mínimamente informada sabe que esta tecnología es para monitorear traslados, fijar rutas GPS y administrar flotillas. No está diseñada para recuperar autos robados. Ofrecerlo así es un engaño tanto de los operadores como de las armadoras de autos que lo ofrecen como solución para recuperar el auto en caso de robo.

 

Pero ¿por qué lo ofrecen engañosamente como solución? Por dos razones: Porque buscan sacar negocio de la inseguridad que impera en el país, y, fundamentalmente, porque no hay autoridad que los regule.

 

No hay una instancia que exija a los operadores GPS cumplir con las leyes mínimas, como la Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, o cualquiera que ponga en riesgo desde cualquier perspectiva al contratante.

 

Resulta inverosímil que a lo largo de un gobierno que usó el combate frontal contra el crimen organizado como política de Estado, no se haya regulado a estas empresas que, independientemente que digan que son serias, a los usuarios no nos consta. Y los tiempos exigen avales y pruebas de confianza, más cuando de empresas de seguridad se trata.

 

Caso contrario es el de Lo Jack, empresa regulada escrupulosamente por el gobierno y dueña de una tecnología diseñada 100% para recuperar autos robados incluso allende las fronteras. Opera bajo radiofrecuencia digital, por lo cual no requiere de antenas visibles y, además, ha invertido millones de dólares en una infraestructura propia para dar una cobertura nacional.

 

Asimismo, tiene notariados sus éxitos tanto en la recuperación de activos como en el tiempo que tarda en ubicar los coches robados a partir del reporte del usuario.

 

Actualmente cuenta en México con un dispositivo llamado Black Jack, el cual opera con una batería con autonomía de hasta cinco años. No requiere de conexiones a los sistemas eléctricos o electrónicos del auto y resulta ideal para que el usuario lo instale en coches nuevos y las armadoras no puedan alegar o condicionar la garantía de origen.

 

Resultan muy sospechosos, por decir lo menos, los “amasiatos” entre armadoras de vehículos y empresas GPS que ofrecen soluciones de recuperación de autos robados obligatorias para el comprador del auto. Amarrándolo a plazos forzosos y advirtiéndole que si instala otra tecnología, pierde la garantía original del vehículo.

 

En este contexto las preguntas son ¿dónde están las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública? ¿Dónde está el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar) que permite que este posicionamiento de GPS se dé de manera editorial en medios? ¿Dónde están las acciones enfocadas a dar al consumidor certidumbre jurídica?

 

Cuando se trata de seguridad, el ciudadano no puede depender de empresas que engañan en su oferta y que operan sin regulaciones mínimas que se traduzcan en garantías y tranquilidad.

 

 

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