El juzgado 31 en Materia Penal del Distrito Federal dictó auto de libertad para el ex subprocurador capitalino y el ex jefe de la Policía Judicial, Javier Cerón Martínez y Jesús Jiménez Granados, quienes estaban acusados de haber actuado de forma negligente en el operativo antisecuestro en el que murió la empresaria Yolanda Cevallos Coppel.
24 HORAS publicó la semana pasada que un Tribunal Colegiado confirmó un amparo a los ex funcionarios capitalinos, tras considerar que no se acreditaba el delito de ejercicio ilegal del servicio público que imputaba la Procuraduría capitalina, por lo que ordenó al juez de la causa dejar sin efecto la formal prisión.
El juez tenía la posibilidad de mantener el juicio en contra de los ex funcionarios reclasificando el delito, pero luego de analizar el expediente de consignación no encontró pruebas que sustentaran otra acusación, por lo que ordenó su libertad por falta de elementos y dio por terminado el proceso.
El fatal operativo que desembocó en la destitución de los funcionarios y la acusación que luego se les imputó se remonta al 3 de julio de 2009, cuando la entonces Policía Judicial implementó un operativo “sorpresa” en un domicilio de la delegación Xochimilco, en el que se encontraba secuestrada la empresaria Cevallos Coppel.
La falta de procedimientos y el descuido en el despliegue provocó que los delincuentes se percataran de la presencia policial y tuviera lugar un tiroteo, en el que no solo murió la empresaria sino también los dos comandantes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) que lideraban la incursión.
Días más tarde se reveló que la policía y la Fiscalía Antisecuestros conocían con días de antelación la ubicación de la casa de seguridad, e incluso una de las implicadas les había proporcionado a los agentes las llaves del domicilio. Pese a ello, la mal planeación y ejecución trajo consigo el saldo negativo.
En su acusación la procuraduría consideró que Cerón y Granados incumplieron con su “deber social” de cuidar la integridad física de las víctimas y los acusaron de ejercicio ilegal del servicio público.
No obstante los ex funcionarios obtuvieron un amparo el cual fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, bajo el argumento de que no se les podía imputar responsabilidad penal de forma indirecta por la vida de las víctimas, y se les revocó la formal prisión.
El delito que se les imputaba al ex subprocurador y al jefe de la Policía Judicial no estaba tipificado como grave por lo que no estuvieron presos en ningún momento, sin embargo, si les impedía ejercer cualquier otro cargo en el servicio público.
Apela PGJDF
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) indicaron que luego de conocerse la determinación judicial, se resolvió interponer un recurso de apelación, para que el caso sea revisado por los magistrados de una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
La Subprocuraduría de Procesos de la PGJDF consideró que existen elementos para que se mantenga el juicio en contra de Cerón y Granados por un delito relacionado con servidores públicos, por lo que buscarán que en una segunda instancia se revierta la libertad que se les otorgó por falta de elementos.