Tras ofrecer una disculpa a los familiares de Jesús Ángel Gutiérrez, por su desaparición forzada hace más de 10 años, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Max Diener Salas, señaló que aún es necesario investigar con diligencia, dar con el paradero de la víctima y juzgar a los responsables.

 

En el acto de desagravio celebrado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la violación a derechos humanos es incompatible con la vida democrática del país.

 

Por ello, dijo, todas las autoridades están obligadas a contribuir al cumplimiento de la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en este caso y que empiezan con el reconocimiento público de responsabilidad llevado a cabo este lunes.

 

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A su vez, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez, señaló que el Estado mexicano ha decidido retirar las reservas que había planteado en este juicio en relación con el tema de las desapariciones forzadas.

 

Gómez Robledo anunció también que se cumplirá con el mandato de la CIDH, en el sentido de modificar el tipo penal de desaparición forzada para evitar ambigüedades.

 

Ante los familiares de Gutiérrez Olvera, quien hoy cumpliría 35 años de edad, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, aseguró que el Estado mexicano está en deuda con las víctimas de este delito.

 

Por ello se comprometió personalmente a continuar las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia, para evitar que este caso se olvide.

 

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La abogada de la nación consideró que la desaparición de Gutiérrez Olvera, quien fue detenido arbitrariamente, torturado y finalmente desaparecido por agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), es un hecho brutal.

 

“Nos obliga a reflexionar en la ilegalidad, impreparación, descuido, prepotencia y el abuso de personas investidas de un poder legal que se materializó en la persona de Gutiérrez Olvera”, añadió.

 

Morales Ibáñez sostuvo que hoy día la PGR no tolera ni tolerará que sus integrantes perpetren actos que vulneren, los derechos humanos de los mexicanos y por ello continuará personalmente atenta a las investigaciones sobre estos hechos para impedir la impunidad.

 

La titular de la PGR informó que sobre este caso ya fue sentenciado a casi 10 años de prisión el ex agente de la AFI, Roberto Hernández Galarza, quien fue encontrado responsable de desaparición forzada.

 

En tanto, el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, recordó que desde los desaparecidos de los años 60 hasta los que hoy han sido víctimas del mismo delito en el contexto de la violencia actual, los familiares siguen esperando verdad, justicia, y reparación de daños.

 

Recordó que hay quienes saben el paradero de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, quien no fue víctima de las casualidades, sino de los funcionarios que respondieron a la lógica de un sistema y una actitud autoritaria, abusiva y de impunidad que deben ser castigados.

 

 

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Respecto al caso, Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora para Centroamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, consideró indispensable que el Estado mexicano cumpla con los compromisos asumidos en este caso y en el de (Rosendo) Radilla.

 

Por lo anterior, dijo, las autoridades deben informar con la verdad y resolver un delito que está vigente a 10 años de haberse perpetrado.

 

En su calidad de co-demandante en el caso, reconoció la voluntad del Estado mexicano por reconocer los hechos, pero exigió que se cumplan los nueve acuerdos y 24 numerales de que consta el acuerdo entre la familia del desaparecido y las autoridades, “y nunca más ocurran casos de este tipo”.

 

En entrevista posterior, la abogada Nuño recordó que la CIDH, investiga cerca de seis mil casos de este delito, de los cuales casi mil corresponden a México, que ocupa el segundo lugar en la región, sólo después de Colombia.

 

La señora Leonor Guadalupe Olvera López, madre del desaparecido exigió entre lágrimas que “me entreguen a mi hijo; lo quiero como lo tengan, yo sé que ya no está vivo, pero sólo hasta que sepa qué pasó vamos a tener paz él y yo”.

 

Recordó que su hijo Jesús “no desapareció y ya; se lo llevaron personas de una institución que se supone está para protegernos a todos. Hago responsable a la PGR de cualquier cosa que me pueda pasar a mi o a mis hijos”.