La Arquidiócesis de México señaló que “ha sido el centralismo autoritario y nada democrático del Gobierno del Distrito Federal” lo que ha contribuido a la desigualdad social en la ciudad.

 

De ahí que sea “inaplazable” que tanto el nuevo jefe de Gobierno como la Asamblea Legislativa sean quienes asuman la responsabilidad de gestionar presupuestos equitativos y justos -“sin etiquetas partidistas”-, para que en cada una de las delegaciones se acabe con el manejo “político-electoral” de los recursos presupuestales y de los programas sociales.

 

En el editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis anotó que los nuevos delegados deben trabajar con miras a un desarrollo más integral de sus gobernados, emprendiendo acciones concretas e invirtiendo más en los programas que permitan la dignificación de las personas, rehabilitando el tejido social desde su núcleo, que es la familia, institución social a la que calificó como “profundamente afectada” por “las irresponsables y hasta criminales políticas públicas (aborto) aprobadas en la ALDF en los últimos años”.

 

El organismo católico afirmó que al tomar protesta este 1 de octubre ante la Asamblea Legislativa, de los 16 nuevos jefes delegacionales que fueron electos el pasado 1 de julio, sólo dos no serán de extracción perredista: la delegación Benito Juárez (PAN) y la delegación Cuajimalpa (PRI), lo que constituye el primer reto que habrá de enfrentar la nueva planilla de delegados, en aras de una armonía política que favorezca la perdurabilidad de los lazos comunitarios.

 

Ya que a pesar de los programas sociales, supuestamente de “vanguardia”, que existen en el Distrito Federal, hay “una dolorosa y creciente desigualdad que no es posible ignorar”.

 

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Social, las condiciones básicas de vida de las familias -calidad y espacio de vivienda, acceso a la salud y seguridad social, rezago educativo, adecuación sanitaria y energética y bienes durables-, existe un gran “contraste abismal” entre delegaciones como Benito Juárez y Milpa Alta.

 

El órgano religioso que encabeza el cardenal Norberto Rivera indicó que los nuevos gobernantes se deben preocupar por el fortalecimiento de la seguridad pública, con cuerpos policiacos de calidad que favorezcan el irrestricto respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas; la creación de empleos dignos y bien remunerados, sobre todo para los jóvenes, y la incorporación de la opinión de los ciudadanos en las políticas de desarrollo.

 

El editorial concluye apuntando que habrá que darles el “beneficio de la duda” para evaluar positivamente el desempeño de los nuevos delegados; mientras que los ciudadanos “debemos” dar seguimiento a su trabajo, exigir rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos,

 

además de hacer frente de manera creativa al desánimo que genera la falta de efectividad en muchos de estos rubros, pues “la confianza se las ha dado el pueblo y dependerá de ellos no defraudarla”.