La ineficaz política para detectar los nuevos casos del VIH tiene un alto costo económico para el Sector Salud, ya que debe comprar un alto volumen de medicamentos conocidos como inhibidores de proteasa y que actúan en etapas avanzadas de la enfermedad, aseguró Adrián Luis Adrián Quiroz, presidente de la asociación Salud, Derechos y Justicia.

 

“El uso de los IP (inhibidores de proteasa) está justificado porque no hay un diagnóstico a tiempo por parte del sistema de salud”, dijo luego de la polémica que generó el anuncio del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH/Sida (Censida) de suspender la entrega de estos tratamientos, una decisión que la misma Secretaría de Salud decidió revocar el viernes pasado.

 

El pasado 4 de septiembre el Censida envió el oficio DG/1159/12 a la Secretaría de Salud del Distrito Federal y otros más a las secretarías de Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Estado de México y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en el que se indicaba la suspensión de estos tratamientos a partir de la primera semana de octubre.

 

El Censida justificó la decisión de suprimir los inhibidores proteasa, cuyo costo supera los 500 pesos mensuales, al argumentar que no están indicados dentro de la nueva Guía de Manejo de Antirretrovirales de las Personas con VIH.

 

El activista de los derechos de pacientes con VIH reiteró que la dependencia compra tratamientos basados en IP porque los pacientes llegan a los servicios de salud con un estado muy avanzado de la enfermedad.

 

 

Se estima que en México hay 156 mil personas con VIH y que cada se destinan alrededor de cuatro mil millones de pesos para la compra de antirretrovirales. Sin embargo, Censida detectó que hay pacientes con tratamientos ineficaces o que no tienen el costo-beneficio esperado, por lo que en marzo pasado modificó la Guía de Manejo de Antirretrovirales para personas con VIH.

 

De ésta incluye tres medicamentos indicados para cubrir 95% de las necesidades terapéuticas de los pacientes; sin embargo, de acuerdo con Quiroz, en esta lista no se incluye a los antirretrovirales IP, que son de los más recetados.

 

Ante esta situación, el director de la asociación envió una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se tomaran medidas cautelares e interviniera de inmediato, en caso de que se negaran estos fármacos.

 

No obstante, el viernes pasado, durante la sesión del consejo de VIH, José Antonio Izazola y Pablo Kuri, el titular de Censida y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respectivamente, aseguraron que no se suspenderán los tratamientos y este lunes se emitirá un nuevo oficio que anule al anterior para evitar malos entendidos.