La reforma a la ley laboral es como la legalización de la interrupción del embarazo. Puede no ser deseable en términos teóricos, pero es fundamental en términos prácticos. Está lejos del ideal, pero cerca de la realidad.
Se debe buscar que los trabajadores tengan mejores salarios y condiciones laborales, y que las mujeres no interrumpan sus embarazos. Sin embargo, las condiciones económicas e institucionales impiden la primera, predomina la economía informal y el abuso obrero-patronal (en ambos sentidos). En la otra, se busca construir familias felices, pero las limitaciones educativas, institucionales, y lucha por la libertad hicieron del aborto ilegal la principal causa de muerte femenina en el DF.
Parte de la élite política y de izquierda está atrapada en un discurso aspiracional que promete cosas que no son aplicables a la realidad. La ley laboral de 1970 buscaba garantías de seguridad y justicia en años de crecimiento económico y desarrollo institucional. Hoy no hay ni crecimiento ni solidez institucional. Hay solo un bono demográfico que genera presiones inauditas sobre la oferta laboral y empuja los salarios a la baja.
Regular la subcontratación y el salario por hora, castigar el empleo de menores de 14 años, modernizar el sistema de impartición de justicia, reducir la discriminación laboral son algunos elementos de la reforma. Suena feo, pero la realidad lo es más. Esto sucede sin que siquiera la ley los contemple. Mientras, las lagunas legales generan corrupción y potencian el abuso. Con leyes que promueven ideales negamos el control de los males.
Los trabajadores deben tener prestaciones de primera, pero en la realidad estos son de mala calidad. El “trabajo formal” es muy caro para el empleador, mientras el trabajador recibe poco efectivo y pésimos servicios. La seguridad social (IMSS, ISSSTE y demás) es deficiente. Predomina la corrupción, burocracia y atraso, lo que fomenta la evasión. En 2008, de 3.7 millones de empresas registradas por el censo, solo 795 mil estaban registradas en el IMSS, esto sin contar las empresas y autoempleados no captados por el censo. En México, la deseable seguridad social es una falacia para la gran mayoría de los trabajadores. Pero la negación de la realidad impide su regulación y promueve el abuso.
El 30% del empleo es informal, esto incluye parte del generado por empresas formales. Levy reporta que en 2008, en el sector formal, 8.6% de los trabajadores pasaron a un estatus informal ¡sin cambiar de trabajo! El servicio por hora, por honorarios o por comisión es una constante. La subcontratación es una condición obligada para las empresas. Contratar a un trabajador es demasiado caro y riesgoso: es una decisión estratégica, pero la falta de regulación y de autoridad, abren paso al abuso y la frustración.
La ley laboral está lejos de ser la panacea, pero reconoce formalmente lo que sucede. No disparará la inversión como prometen los panistas, porque faltan las instituciones que la instrumenten y muchas otras condiciones más, pero es una buena señal. Es un primer paso para acercar las aspiraciones institucionales a la realidad, de diseñar leyes terrenales aunque sean controversiales. Despierta la ilusión de que se empiece a legislar con apego a la realidad más que a sueños irreales. Emerge la esperanza de que con esa visión se trabajará también en materia de seguridad y en la larga agenda pendiente que mantiene a México en el letargo discursivo, inmóvil ante sus anhelos, sin atender, regular y operar su realidad.
@cullenaa | Fb: La caja de espejos