“Si a mi me llega a pasar algo o a mi familia y hago responsable a la Procuraduría General de la República (PGR), porque así se las han gastado”.
Estas fueron las palabras de Leonor Guadalupe Olvera López, madre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, un joven desaparecido hace más de diez años, luego de que fue detenido ilegalmente y torturado en la Ciudad de México por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), adscrita a la PGR.
Ayer, una década después, la procuradora Marisela Morales aceptó públicamente la responsabilidad del Gobierno de México y, en particular, de la PGR.
“El Estado mexicano reconoce que el señor Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, padre de familia, hijo y hermano, fue víctima de violaciones a sus derechos humanos tras ser detenido por agentes del Estado mexicano, entre ellos de la extinta Agencia Federal de Investigación”.
“El Estado mexicano asume su responsabilidad y solicita sentidamente el perdón de las víctimas y de toda la sociedad”, dijo Morales.
Un hecho brutal
A pesar de haber transcurrido una década, la funcionaria afirmó que en la PGR no existen datos que permitan localizar a Jesús Ángel, aunque le prometió a su madre que se han redoblado los esfuerzos para buscarlo y para identificar a los responsables de su asesinato.
“Es un hecho brutal, cuya naturaleza y consecuencias nos obligan a todos a reflexionar en las graves responsabilidades de los servidores públicos, especialmente cuando la ilegalidad, la impreparación, el descuido, la prepotencia y el abuso de personas investidas de un poder legal, se ceban sobre un ser humano”, indicó.
No solo eso. Del grupo de agentes federales que participaron en la detención ilegal, asesinato y desaparición, hasta la fecha sólo un elemento de la AFI permanece detenido y sentenciado a menos de diez años de prisión.
Se trata de Roberto Hernández Galarza, quien en julio de 2010 recibió una condena de 9 años y 4 meses por el delito de desaparición forzada.
El levantón
Fue el 14 de marzo de 2002 cuando el joven Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, entonces de 24 años de edad, fue detenido sin que los policías presentaran alguna orden de aprehensión o presentación, cuando regresaba a su trabajo en la zona centro de la Ciudad de México. Nunca se supo más de él.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que integró el expediente del caso de desaparición forzada, documentó testimonios de personas que indicaron que el joven fue trasladado a instalaciones de la PGR, donde fue torturado y asesinado. No hubo registro oficial de su detención.
Tuvieron que pasar diez años en los que fue incluso fue necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), para que el gobierno mexicano firmara un “Convenio de Solución Amistosa” y reconociera su responsabilidad en el caso.
Buscaba y la encarcelaron
El 15 de septiembre de 2009, luego de siete años de buscar a su hijo, agentes federales detuvieron a Leonor Olvera en su domicilio, acusándola de que supuestamente vendía drogas. Al igual que a su hijo, a la mujer tampoco le mostraron ninguna orden de detención o cateo.
El 7 de octubre de 2010, la mujer obtuvo su libertad, luego de recibir una sentencia absolutoria.
“Me amenazaron que me iban a meter a la cárcel y lo cumplieron, llegaron a mi negocio y ahí me detienen, fincándome un delito y diciendo que yo me dedicaba a cosas malas. Me tuvieron en la cárcel un año y un mes y después me dijeron ‘discúlpenos’ y me absolvieron. Así es la justicia en México”, criticó.
Tras escuchar la disculpa de la procuradora, en la sede de la CDHDF, Leonor dijo que no tiene duda de que su encarcelamiento fue la “respuesta” que recibió por exigir dar con el paradero de su hijo.
Incluso su casa fue asegurada y sometida a un proceso de extinción de dominio, hasta que el 20 de noviembre de 2011, la PGR decidió devolvérsela, luego de que el caso llegó a las instancias internacionales para la defensa de los derechos humanos.