WASHINGTON, DC. En México los ofensores de delitos de drogas que el sistema apresa son en un 78.9 por ciento consumidores y/o vendedores de bajo perfil, reporta un estudio publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), que estudia la política de drogas en ocho países latinoamericanos.
De acuerdo al estudio, no se trata de delincuentes que cometen actos violentos u otras conductas delictivas, sino de consumidores o personas que poseen pequeñas cantidades de drogas.
Para 2010 los delitos de posesión y consumo representaron el 78.9 por ciento de las denuncias por delitos contra la salud, presentadas ante el Ministerio Público. Y, del total de las sentencias (condenatorias o absolutorias) dictadas en el fuero federal por delitos contra la salud en 2010, 18,343 (80.7 por ciento) fueron por un solo delito; es decir, no se cometió otro delito además del delito de drogas por el que se sentenció a la persona.
“Estamos usando los recursos de procuración de justicia para perseguir y sancionar a consumidores y pequeños vendedores de mariguana y cocaína. Esto implica menos recursos para investigar y sancionar los delitos que tienen tan lastimada a la sociedad mexicana”, dijo Catalina Perez Correa, autora del estudio titulado (Des) proporcionalidad y delitos contra la salud en México, profesora del CIDE e investigadora del CEDD.
El estudio muestra, con cifras sobre el sistema de procuración de justicia federal, que el grueso de los recursos federales en materia de procuración de justicia están dedicados a investigar, perseguir y condenar delitos menores en materia de drogas, casos en los que los infractores son jóvenes consumidores o vendedores de pequeñas cantidades de cocaína o mariguana. En el 2010, por ejemplo, el 74 por ciento de las detenciones que reportó la Procuraduría General de la República, fueron por delitos contra la salud. Asimismo, del total de detenciones ese año, 41.9 por ciento fueron en materia de venta de drogas al menudeo.
El estudio además encuentra una desproporción entre las penas por delitos contra la salud en México y las penas por otros delitos. El máximo de pena en años de prisión para los delitos de comercio, producción, suministro, tráfico y transporte de estupefacientes, conductas que pueden suceder sin violencia, es mayor que el máximo establecido para otros delitos de mayor gravedad, incluido el homicidio, la violación de menores, la violación entre adultos y el robo con violencia. La pena máxima establecida para violación entre adultos es once años menor que la pena máxima establecida para estos delitos de drogas. La pena para el robo con violencia conlleva con un máximo de 15 años, 10 años menos que estos delitos de drogas. Lo mismo sucede con la portación de armas exclusivas del ejército.
“No es razonable que estimemos los delitos de drogas a la par de los delitos como la violación. Nuestro sistema punitivo requiere de una sería revisión. Debemos regresar al principio que exige proporción entre un castigo y el delito cometido, entre un delito y otro”, dijo Perez Correa. “La política de drogas debería distinguir entre sustancias y entre los distintos niveles dentro de la cadena del narcotráfico”.