BRASILIA. El llamado “juicio del siglo” en Brasil ha condenado ya a 22 de los 37 acusados e inicia mañana su fase de mayor tensión política, con tres líderes del Partido de los Trabajadores (PT) acusados de haber tejido una red de sobornos a diputados.
El proceso que el Tribunal Supremo comenzó el pasado 2 de agosto ya ha desbaratado en buena medida las tesis de la defensa, la cual ha intentado demostrar que no existió una red de compra de votos en el Congreso, aunque ha admitido que el PT recaudó dinero que nunca declaró para financiar sus campañas y las de otros partidos.
En las treinta audiencias celebradas hasta hoy, la mayoría de los magistrados consideraron probado que la red de corrupción se valió de recursos públicos, procedentes sobre todo del estatal Banco do Brasil y de la Cámara de Diputados.
Según la corte, esos organismos firmaron entre 2003 y 2005, durante el primer mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, millonarios contratos con empresas de publicidad de Marcos Valerio Fernandes, quien luego repasaba ese dinero a las arcas del PT mediante créditos ficticios y otras piruetas financieras.
Los jueces también han comprobado que con esos recursos no sólo se financiaron campañas en forma ilegal, sino que además se sobornó a por lo menos diez diputados de cuatro partidos distintos, lo cual ayudó al Gobierno de Lula a construir la mayoría parlamentaria que no había obtenido en las elecciones de 2002.
Como beneficiarios de los sobornos fueron identificados líderes de los partidos Progresista (PP), Laborista Brasileño (PTB), del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del Liberal (PL), extinto en 2006 y desde entonces convertido en Partido de la República (PR).
El juez instructor del proceso, Joaquim Barbosa, ha llamado la atención sobre el hecho de que los sobornados eran siempre jefes de los grupos parlamentarios o presidentes de los partidos, con lo cual se corrompía a quienes influían directamente en las votaciones.
Las cuatro formaciones implicadas se sumaron a la coalición que apoyó la gestión de Lula y que luego heredó el 1 de enero de 2011 la jefa de Estado, Dilma Rousseff, pupila política del ex presidente.
El presidente del Supremo, Carlos Ayres Britto, dijo que “hubo una red de recaudación criminal de recursos públicos y privados” que “corrompió a partidos y parlamentarios en un proyecto de continuidad política idealizado por un núcleo político”, que dio lugar a una “progresiva perpetuación de delitos en cantidades enloquecidas”.
De acuerdo a la acusación formulada por la Procuraduría General, el núcleo político que dirigía toda la red tenía como “jefe” a José Dirceu, en la época ministro de la Presidencia de Lula y considerado el “hombre fuerte” de su Gobierno.
Dirceu no se ha pronunciado sobre el asunto desde que comenzó el proceso, pero ha insistido en que es “víctima” de una “invención” de la “elite” brasileña, que no aceptó nunca que Lula y el PT finalmente hubieran llegado al poder.
Gurgel también señaló que, una vez probada la corrupción pasiva en el caso de los parlamentarios sobornados, ahora “necesariamente deberá haber culpables de corrupción activa”, cargo que ha imputado a Dirceu y también al expresidente del PT José Genoino y al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares, entre otros políticos. EFE
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