Buenos Aires. Los cuerpos de seguridad que mantienen un paro en Argentina negaron hoy intenciones “golpistas” en medio de una protesta que comenzó como un reclamo salarial y que ya se transformó en una grave crisis política para el gobierno.
“Esto no es un golpe de Estado ni lo quiere ser, amamos la democracia y la vamos a defender, si es necesario, con nuestra propia sangre”, dijo el efectivo de Gendarmería, Raúl Maza.
Al insistir en que no están pidiendo la renuncia de la presidenta Cristina Fernández, el vocero aseguró que el conflicto se resolverá en cuanto el salario mínimo para los agentes de seguridad aumente a siete mil pesos (mil 500 dólares).
Luego del fracaso de las negociaciones llevadas a cabo durante la madrugada, Maza anunció que instalarán un plantón permanente ante la sede de la Fuerza Naval hasta que el gobierno resuelva sus peticiones.
“Vamos a acampar. Hemos convocado a todos a que se acerquen, que dejen los puestos, nosotros no estamos agudizando la situación, esto lo provocó el Ministerio de Seguridad, no nosotros”, afirmó.
También retó a que “el gobierno tome conciencia de que está haciendo las cosas mal, de que hay una ministra que hizo las cosas muy mal”, en referencia a la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
La tensión comenzó el martes, cuando elementos de Prefectura, que son los guardias de mares y puertos, se acuartelaron en la sede de la jefatura naval en Buenos Aires, para denunciar rebajas de sus ingresos que fueron autorizadas por decreto.
Por la noche, a la protesta ya se habían incorporado elementos de Gendarmería, que es el cuerpo de policías de tierra que también sufrieron recortes en sus sueldos de entre el 40 y el 70 por ciento, dependiendo de su rango.
La movilización provocó una crisis porque involucra a guardias y policías en una sociedad que tiene como principal preocupación central la inseguridad, pese a que Argentina es uno de los países con menores índices delictivos de América Latina.
Además, la protesta que inició en Buenos Aires se ha ido expandiendo a otras ciudades del país, como Córdoba, Rosario, La Plata, Río Gallegos, Mar del Plata y Posadas, y ya se han sumado otras fuerzas de seguridad.
Esta víspera, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció que el gobierno daba marcha atrás con los ajustes salariales y reconoció que habían sido implementados de una manera “desastrosa”.
Además, el gobierno removió a los jefes de Prefectura y de Gendarmería y a una decena de comandantes de cada cuerpo, pese a lo cual los efectivos mantienen sus protestas.