Una de las críticas que ha recibido la reforma a la Ley Federal del Trabajo planteada por el presidente Felipe Calderón es que no toca a los grandes sindicatos públicos como el SNTE, señalados por la opacidad en el manejo de sus recursos y en la elección de sus dirigentes.
Debido a que el Artículo 123 constitucional divide a los trabajadores en dos apartados, A y B, el primero corresponde a quienes están empleados por la iniciativa privada y es regulado por la Ley Federal del Trabajo, mientras que los del apartado B corresponde a aquellos trabajadores públicos y no son regulados por la misma reglamentación.
Uno de los sindicatos más criticados, el magisterial, no será alcanzado por esta reforma, otros como el petrolero sí podrían ser fiscalizados gracias a esta modificación, argumenta el ex secretario del Trabajo y uno de los principales defensores de la iniciativa de Calderón, Javier Lozano, quien asegura que la reforma laboral sí tocaría a sindicatos como el petrolero, señalado entre otras cosas por el enriquecimiento de sus dirigentes, y a algunos afiliados a confederaciones nacionales como la CTM, la CROC y la CROM.
“(Dicen) que en esta iniciativa no se toca a los grandes sindicatos y pareciera redundante porque los que ya lo hacen, por ejemplo, los que están incorporados a la Unión Nacional de Trabajadores, ya tienen voto libre, directo y secreto, rendición de cuentas. No es así. Petróleos Mexicanos, su contrato colectivo, la relación colectiva con su sindicato es del Apartado A, es de la Ley Federal del Trabajo.
“La reforma laboral sí incidiría directamente en todas las entidades paraestatales porque hay jurisprudencia de la Corte que dice que las que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio rigen sus relaciones conforme al Apartado A, y por tanto, conforme a la Ley Federal del Trabajo”, explicó el senador.
Así, los sindicatos que no eligen a sus dirigentes por voto libre, directo y secreto además de rendir cuentas, que estén en esta misma condición, como los de las universidades, que tienen autonomía por ley, deberían someterse a estos mecanismos.
“Todos los contratos colectivos que tienen confederaciones tan importantes como la CTM, la CROC, la CROM, etcétera, todas tendrían que someterse necesariamente a este mecanismo de voto libre, directo y secreto, rendición de cuentas periódicas, dictamen de auditor externo y registro sindical público”, dijo.
El grupo parlamentario del PAN en el Senado anunció oficialmente su intención de modificar el dictamen que San Lázaro envió a la Cámara Alta para incluirle temas relacionados con la democracia y transparencia sindical que fueron retirados del documento original enviado por el Ejecutivo gracias al voto de PRI, PVEM, PT y Panal.
El tema de democracia sindical fue sepultado en la discusión de la Cámara de Diputados gracias al apoyo de estos tres partidos a la propuesta de la panalista Lucila Garfias, la cual defendió la autonomía sindical a través de la reforma al Artículo 371, la cual permitía que los mismos sindicatos pudieran escoger la forma de elección de sus dirigentes, en vez de establecerla a través del voto libre, directo y secreto como se contemplaba en la iniciativa enviada por Calderón a San Lázaro.
En este sentido, el coordinador de la bancada panista, Ernesto Cordero, aseguró que Acción Nacional va a “dar la batalla” en materia de transparencia y democracia sindical por lo que, informó, se propondrá que las cuotas de los sindicatos dejen de ser obligatorias para volverse voluntarias.