En México, el máximo de pena en años de prisión para los delitos de comercio, producción, suministro, tráfico y transporte de estupefacientes, conductas que pueden suceder sin violencia, es mayor que otros delitos de alto impacto, como el homicidio, la violación de menores y el robo con violencia.
Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) señala que la pena máxima establecida para violación entre adultos son 11 años menos que la de delitos de drogas.
Así, la pena por el delito de robo con violencia es de máximo 15 años, es decir, 10 años menos que delitos contra la salud.
“No es razonable que estimemos los delitos de drogas a la par de los delitos como la violación. Nuestro sistema punitivo requiere de una seria revisión. Debemos regresar al principio que exige proporción entre un castigo y el delito cometido, entre un delito y otro”, opinó Catalina Pérez Correa, autora del estudio (Des) proporcionalidad y delitos contra la salud en México.
Además de advertir una desproporción entre las penas por delitos contra la salud y las penas por otros delitos, el informe también revela que los detenidos y procesados por delitos contra la salud son principalmente consumidores o narcomenudistas, y no narcotraficantes homicidas.
“Estamos usando los recursos de procuración de justicia para perseguir y sancionar a consumidores y pequeños vendedores de mariguana y cocaína. Esto implica menos recursos para investigar y sancionar los delitos que tienen tan lastimada a la sociedad mexicana”, alertó Pérez Correa.
El estudio subraya que el grueso de los recursos federales en materia de procuración de justicia está dedicado a investigar, perseguir y condenar delitos menores en materia de drogas.
En el 2010, el 74% de las detenciones que reportó la PGR fueron por delitos contra la salud, mientras que del total de detenciones, el 41.9% fueron por venta de drogas al menudeo.
“Estos narcomenudistas por lo general son vendedores de esquina y que a la hora de su detención no cometieron otros delitos. No tenían, o no se les pudo probar, vínculos con el crimen organizado”, asegura la autora.