Antes fue Coahuila, después se mencionó a Nayarit, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, y ahora es Chiapas. Son los estados del escándalo mediático porque en un periodo relativamente corto sus gobiernos en turno multiplicaron el endeudamiento estatal llevando a sus finanzas locales a una zona de riesgo.
En días pasados el diario Reforma publicó que el gobernador chiapaneco Juan Sabines entregará al final de su mandato deudas -con diversas instituciones financieras y proveedores- por casi 31 mil millones de pesos, desde los 14 mil millones de pesos con los que inició 2011.
Una deuda que fue generada, prácticamente, durante el mandato de Sabines desde su toma de posesión en 2006, y que inició en 2007 con la bursatilización de los ingresos por la recaudación del impuesto sobre nóminas a través de Certificados Bursátiles a 30 años de plazo por un monto de cinco mil millones de pesos. La operación en su momento fue cuestionada por la prensa local tanto por las elevadas comisiones que pagó el gobierno de Sabines a quien es hoy el secretario de Hacienda estatal, Carlos Jiménez Bolaños, y que en aquel entonces fungía como asesor financiero encabezando un despacho privado -según los contratos las comisiones ascendieron a casi 72 millones de pesos, como por la activa participación en la operación de Mayda Guerrero, prima del gobernador, según refirieron las notas periodísticas de aquel entonces, y quien ha aparecido en reuniones públicas junto al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Pero Chiapas es sólo un caso. En los últimos años los gobiernos estatales y municipales multiplicaron el monto de sus deudas con el compromiso de financiar el desarrollo estatal, pero la eficacia de los resultados aún se debate en la mayor parte de los estados. Sin embargo este “boom” del endeudamiento de las finanzas locales, caracterizadas en buena medida por su opacidad, tuvo beneficiarios directos entre banqueros de inversión, asesores y funcionarios de los gobiernos locales, lo que hizo que estas operaciones se convirtieran en un verdadero festín para unos cuantos.
Según las cifras de la Secretaría de Hacienda, la deuda financiera de los estados y municipios a junio pasado sumó 404 mil 410 millones de pesos, 150% más que lo reportado en diciembre de 2006 cuando el saldo fue de 160 mil 94 millones de pesos.
Evidentemente que la falta de transparencia y de rendición de cuentas es el problema más grave que enfrentan las finanzas estatales, pero además está su incapacidad para generar recursos propios que les permita apalancar su desarrollo futuro. Mientras que a junio pasado 80% de las deudas locales estaban garantizadas con las participaciones federales, las deudas estatales, en promedio, sólo representan 2.7% del PIB local.
Es decir, existe espacio y oportunidad para que los gobiernos locales apliquen verdaderas políticas fiscales orientadas a su desarrollo competitivo de largo plazo basadas en la generación sostenible de recursos propios -el impuesto predial es un caso- como ya lo están haciendo algunos estados en particular.
Sin embargo esto pasa por desmontar los cacicazgos locales que con sus fechorías se han convertido en clientes frecuentes del escándalo mediático.
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